El respeto y cumplimiento a las disposiciones establecidas en las leyes sustantivas, objetivas, orgánicas, ordinarias, etcéteras, son los factores esenciales y sustanciales de la institucionalidad. En este orden, las leyes son instrumentos mediante los cuales los seres humanos regulan su comportamiento, actuaciones y relaciones en sociedad. En fin, las leyes facilitan la existencia de un código único, similar, con el que es posible juzgar las acciones y conductas licitas e ilícitas.

En pocas palabras, como se ha dicho: “las leyes son el conjunto de normas jurídicas dictaminadas por un legislador, o sea, por una autoridad competente en la materia. Su función es ordenar, prohibir o permitir algo específico y concreto. Su acatamiento es obligatorio para quienes habitan bajo el imperio del mismo código legal al cual la ley pertenece, como la constitución de un país o su código penal”. (https://www.cinconoticias.com/tipos-de-leyes/2023).

La vía más corta y segura para dañar la institucionalidad y cagar la convivencia social, es cuando los ciudadanos de una sociedad, sin importar su estatus socioeconómico, incurren de manera deliberada en violar las disposiciones establecidas en la ley suprema y en las demás leyes. República Dominicana es un ejemplo fehaciente de las consecuencias negativas que se derivan de la inobservancia de las leyes. El no cumplimiento de las leyes y normas es sinónimo de caos, incertidumbre y de violación de derechos.

En República Dominica, cualquier pelafustán viola las disposiciones establecidas en las leyes sustantivas y adjetivas, sin que por ello se reciba una sanción al respecto. Las leyes son instrumentos transversales, que impactan los diferentes ejes que inciden en el desarrollo general de la sociedad: productividad, gobernanza, seguridad social, calidad de los servicios públicos, administración del patrimonio público, etcétera.

En el ámbito de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos dominicanos, las violaciones a las leyes son más evidentes y continuas que en otros entornos. Por lo general, los líderes, dirigentes y militancias de las organizaciones políticas de RD, desconocen y violan todo cuanto establecen las Leyes 20-23 y 33-18. Según lo que establecen dichas leyes, los líderes y dirigentes políticos, deberían ser los más llamados a conocer y a respetar cada una de las disposiciones establecidas en las leyes.

Es imposible que las sociedades humanas modernas logren desarrollarse al margen del imperio de la ley. Las leyes facilitan la buena convivencia humana y social, así como la prevención de conflictos de intereses, ¿Por qué a muchos de los líderes y dirigentes de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos dominicanos, se les dificulta actuar apegados a lo que establecen las leyes? Desde el sentido común, se supone que los líderes y dirigentes de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, deberían ser los primeros en respetar y hacer cumplir las leyes que rigen la dinámica de sus respectivas sociedades.

En la democracia dominicana, se supone, como en cualquier otra parte del mudo, que la participación consciente y continua de los ciudadanos, a través de las organizaciones políticas y sociales, es el factor sustancial para impulsar los cambios necesarios en las áreas de alta incidencia en el desarrollo humano. A juzgar por la cantidad y calidad de los resultados, podría afirmarse que los responsables de gestionar las entidades políticas dominicanas desconocen el rol social de ellas.

Es como si a los líderes, dirigentes y militantes de las agrupaciones políticas de RD, no les interesara conocer y aplicar las leyes. Por ejemplo, las disposiciones establecidas en las Leyes 20-23 y 33-18. La primera, es la Ley Orgánica de Régimen Electoral, la cual tiene el objeto de regular el ejercicio del derecho de ciudadanía de elegir y ser elegibles, además, se propone regular el funcionamiento y competencias de la Junta Central Electoral como máximo ente responsable de la organización de los comicios.

Mientras que la 33-18, tiene el objeto de regular el ejercicio del derecho de todos los ciudadanos a organizar partidos, agrupaciones y movimientos políticos o formar parte de ellos, y establece las normas que regirán la constitución y reconocimiento, organización, autorización, funcionamiento, participación en procesos electorales, vigilancia, sanciones y disolución de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, para afianzar la libertad de asociación consagrada en la Constitución, estableciendo los procedimientos para la libre organización de partidos, agrupaciones y movimientos políticos y garantizando el derecho de los dominicanos a afiliarse o renunciar a cualesquiera de ellos.

Tal y como establece la Ley 33-18, en su considerando primero: “los partidos, agrupaciones y movimientos políticos son asociaciones fundamentales e indispensables del sistema democrático. En otra de sus consideraciones señala: “que a la vida democrática del país le resulta impostergable el fortalecimiento institucional de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, perfeccionando el régimen jurídico que los rige y potencializando el cumplimiento de sus deberes y derechos.

Como indica la Ley 33-18: “los partidos, agrupaciones y movimientos políticos son asociaciones esenciales para el funcionamiento del sistema democrático y presentarán al país sus declaraciones de principios, políticas y programas de conducción del Estado; les corresponde contribuir con la formación de los ciudadanos en materia de ética, educación cívica y manejo de las funciones públicas y realizar otras actividades complementarias que no estén expresamente prohibidas por la Constitución de la República y las leyes”.

En definitiva, las estructuras, decisiones y actuaciones de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos de la República Dominicana, no se corresponden con las disposiciones establecidas en las Leyes 20-23 y 30-18. Para muestra, un botón. Obsérvese las atribuciones de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, según el artículo 13 de la Ley 30-18:

Defender la democracia, la Constitución y las leyes, la soberanía nacional y la independencia de la República, los derechos humanos, y la paz ciudadana.

Servir como mediadores entre la sociedad y el Estado, encauzando eficazmente los intereses legítimos del pueblo dominicano.

Fomentar la formación política y cívica de sus afiliados y de la ciudadanía, capacitando ciudadanos para asumir responsabilidad política e incentivando su participación en los procesos electorales y en las instancias públicas del Estado.

Elaborar y ejecutar planes y programas políticos, económicos y sociales que contribuyan a solucionar los problemas nacionales en el marco de la transparencia, la honradez, responsabilidad, la justicia, equidad y solidaridad.

Ser instrumentos de divulgación de ideas y de coordinación de las actividades políticas.

Promover la ética ciudadana y los valores cívicos.

Los miles de millones de pesos, que entrega regularmente el Estado dominicano a la Junta Central Electoral, a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, provienen de los impuestos que pagan los ciudadanos. Es inconcebible, inaceptable e ilógico que el pueblo dominicano continúe pagado un precio tan alto por una democracia inoperante y carente de verdaderos demócratas. Los partidos, agrupaciones y movimientos políticos de RD., son dirigidos por líderes autoritarios, megalómanos, mitómanos, egocéntricos, conservadores, oportunistas, controladores, demagogos y cazadores de posiciones de poder.

Paradójicamente, en República Dominicana, resulta que los líderes y dirigentes de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, son los que con más frecuencia violan las normas y disposiciones de las leyes establecidas. Es decir, no ejercen la democracia dentro de sus organizaciones, mienten y manipulan a los electores, se enriquecen con el dinero de los contribuyentes, realizan campañas electorales anticipadas, sobreponen sus intereses personales a los colectivos, practican el transfuguismo, son deshonestos, creen que en política solo debe hacer lo que conviene, no predican con el ejemplo, la vergüenza y la ética no existen para ellos. En resumida cuenta, los políticos dominicanos siempre han pretendido defecar y limpiar sus margas con la Constitución y las demás leyes.