Si los fiscales que instrumentaron el voluminoso expediente del caso Medusa hubieran tenido el don de la clarividencia lo hubieran bautizado con un nombre más apropiado, como por ejemplo tortuga, ya que la lentitud desesperante con que marcha la lectura de las 12,294 páginas que contienen las acusaciones contra los imputados, que encabeza el exprocurador Jean Alain Rodríguez, pueden provocar que se extinga la acción penal al cumplirse el plazo de cuatro años que establece la ley para que concluya el proceso, que dos años después de haberse iniciado se encuentra empantanado, y lo que falta, en la fase preliminar.

El llamado de alerta lo dio la directora de Persecución de la Procuraduría, Yeni Berenice Reinoso, quien culpó del vicioso mamoneo al magistrado Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción, a quien el pasado viernes le recordó que el expediente tiene más de un año en sus manos luego de que este rechazara la petición del Ministerio Público de hacer una lectura sucinta de las acusaciones para poder avanzar con mayor rapidez.

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Pero lo que mortifica y preocupa a Yeni Berenice es visto por la defensa de Jean Alain como su tabla de salvación, la puerta trasera por la cual sacar a su cliente del proceso sin sufrir un rasguño, por lo que estoy seguro que hubieran preferido que en lugar de las 12,274 páginas que contiene el expediente del Ministerio Público fueran 20,000.

Todo este escarceo vuelve a demostrar lo difícil que le resulta a nuestro sistema de administración de justicia juzgar a los corruptos y depredadores del patrimonio público, que en este país se dan silvestres. En estos días se habló, a propósito del debate en torno a los plazos que establece el Código Procesal Penal, sobre la necesidad de introducirle cambios y modificaciones. Pero eso no parece posible en el horizonte político inmediato, y mucho menos con la urgencia que lo necesita la lucha contra la corrupción nuestra de todos los días, todas las épocas y todos los gobiernos.