El candidato presidencial perremeísta Luis Abinader demandó ayer del Gobierno cesar “sus maquinaciones en contra de la oposición y ciudadanos independientes”.
Afirmó, según una nota, que eso es lo que ha ocurrido tanto con las malogradas elecciones municipales, como con la “farsa” que han sido las investigaciones del Ministerio Público y la Policía, en las que intentaron exculpar a los culpables y culpar a inocentes, como el coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta y el técnico de Claro, Manuel Antonio Regalado Martínez. No obstante, no dijo cuáles son esos culpables.

“El Gobierno del PLD es el único responsable de lo ocurrido con las suspendidas elecciones, que no se originaron en fallas técnicas ni en incapacidad de personal sino que fueron producto de una estrategia del partido de Gobierno para que no le contaran los votos, pues la oposición se dirigía a darle una barrida al menos en 15 de los municipios de mayor peso electoral”, expresó en el programa Aeromundo.

El texto expone que aseguró que como fue el Gobierno el culpable del sabotaje electoral, no puede hacer ninguna investigación creíble, y por eso la pasada semana tuvieron una reunión con la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y solicitaron una investigación independiente, acompañamiento a la Junta Central Electoral (JCE) para conducir las elecciones del 15 de marzo, y las congresuales y presidenciales de mayo y la introducción de cambios indispensables en la organización y administración electoral.

Aseveró de acuerdo con el documento que un dato revelador de la intervención del Gobierno en el sabotaje fue que a “un alto número de dirigentes claves del PRM les fueron jackeados e inutilizados sus teléfonos impidiéndoles usar el servicio WhatsApp de conversaciones e intercambio de textos, mensajes de audio, videos y fotos, lo cual solo puede hacer el Gobierno, de no haber un mandato judicial, que no hubo en ninguno de los casos”.

Luis Abinader dijo que en vez de cumplir su obligación de Estado, ordenar una investigación seria y detener las irregularidades y graves daños al sistema institucional, a través de oficiales del Ministerio Público y de la Policía incurrió en acciones “de riesgosos rasgos autoritarios”.