El oro como escudo ante la tormenta petrolera

Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán que provocaron la muerte del líder supremo Ayatollah Ali Khamenei y la respuesta de Irán contra Israel y los Estados vecinos árabes que albergan bases militares norteamericanas, amenazan con provocar un nuevo choque petrolero. Para economías importadoras netas de crudo como la República Dominicana, el impacto sería inmediato: combustibles más caros, presión inflacionaria y mayores subsidios.

Si a ese escenario se suma una desaceleración en Estados Unidos, el golpe podría sentirse en turismo, zonas francas y remesas. En ese contexto, el alza del oro y la plata se convierte en el único amortiguador relevante de ingresos externos.

Ahí entra el papel de la Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC). Con precios históricamente altos, el Estado ha visto crecer sus ingresos mineros. El Presupuesto 2025 proyectaba RD$12,936 millones; la cifra terminó en RD$40,068 millones, incluyendo un adelanto de pagos futuros por un monto de RD$9,393.2 millones.

El repunte no se explica por mayor producción, sino por precio. Desde enero de 2025 el oro ha subido cerca de 90%, superando esta semana los US$5,300 la onza troy, impulsado por su condición de activo refugio en tiempos de incertidumbre geopolítica.

Sin embargo, el debate de fondo no es coyuntural, sino estructural. ¿Qué estamos haciendo con esa renta extraordinaria?

La historia minera del país ofrece lecciones. La Rosario Resources Corporation inició la explotación en Pueblo Viejo en 1973. En 1979, el presidente Antonio Guzmán Fernández anunció la nacionalización de las acciones. La mina operó hasta 1999, dejando minerales por procesar y un amplio pasivo ambiental.

En 2006, la operación pasó a manos de Barrick Gold, que firmó en 2009, bajo la administración de Leonel Fernández (con la onza troy en US$700.00), una primera enmienda contractual que incluyó la remediación ambiental y una inversión de US$3,800, la mayor en toda la historia del país en un solo proyecto.

En 2013, durante el gobierno de Danilo Medina (con el precio del oro en US$1,400 la onza troy) se firmó una segunda enmienda centrada en la distribución de beneficios antes de amortizada la inversión, aunque se quiso vender al país que con la anterior enmienda se estaba “regalando el oro”

De hecho el país debería recibir más recursos si hace cinco años se hubiese autorizado la construcción de la segunda presa de colas en Pueblo Viejo, que extiende la vida útil hasta 2045 y quizás más, o se hubiese permitido a la Goldquest realizar el estudio de impacto ambiental de la mina subterránea en San Juan de la Maguana.

Hoy, con precios récord, el país recibe más recursos. Pero no existe un fondo soberano ni un mecanismo institucional que transforme esa riqueza no renovable en activos productivos permanentes.

Chile, Perú y otros países mineros canalizan parte de sus excedentes hacia fondos de estabilización o inversión en infraestructura estratégica. En la República Dominicana, en cambio, los ingresos mineros se diluyen en el presupuesto general, donde cerca del 88% se destina a gasto corriente.

Los minerales son finitos. Cada onza extraída es riqueza que no vuelve. La pregunta no es cuánto estamos recibiendo hoy, sino qué quedará cuando el ciclo termine.

Si no producimos petróleo, nuestro verdadero petróleo es el oro. Y el riesgo es seguirlo administrando como si fuera ingreso ordinario y no capital estratégico.