La reacción del Sindicato de Choferes de Transporte de la Región Este a la decisión del Ministerio Público de someter a la justicia al conductor del autobús accidentado en Bávaro, en el que murieron cuatro turistas y mas de un veintena resultaron heridos, es una muestra elocuente de lo difícil que le resultará al Intrant, o cualquier otra autoridad, regular el transporte de turistas tanto en esa región como en el resto del país.

Como si no fuera suficiente la violencia y las amenazas con las que han logrado impedir, con el consentimiento de una autoridad débil y timorata, que otras empresas de transporte incursionen en esa zona del país, lo que hubiera mejorado la calidad del servicio, convencidos de que la ruta es de su propiedad exclusiva y solo ellos pueden decidir quién la opera y bajo cuáles condiciones. Y como ninguna autoridad les ha demostrado que están equivocados, pudieron darse el lujo, luego del trágico accidente, de convocar una rueda de prensa para exigir “justicia verdadera” para el conductor del autobús, y amenazar con entregar las 1,700 licencias de los choferes que integran el gremio, lo que equivale a decir que paralizarían el transporte en el más importante enclave turístico de República Dominicana. ¡Cuánta prepotencia y ninguna autoridad se dio por aludida!

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Con el correr del tiempo, por desgracia, se irán apagando los lamentos que provocó la tragedia, y será entonces cuando el olvido, el mejor cómplice de la indulgencia, nos obligue a mirar hacia adelante, donde los afanes de cada día nos aguardan para no darnos tregua.

Pero todos sabemos, empezando por la autoridad que no actúa, que las cosas no pueden continuar así, que un país que vive del turismo no debería permitir que un sector tan estratégico como el transporte esté controlado por un sindicato que opera como una empresa y actúa como una mafia, y por eso no tiene reparos en recurrir a la violencia y la intimidación para imponer sus reglas y hacer valer sus “derechos”.