Si yo fuera asesor del portavoz de la Presidencia, Homero Figueroa, le recomendara que no meta las manos en el fuego por nadie en el tema de los asesores nombrados en las instituciones públicas, que por numerosos y bien pagados han alborotado a la opinión pública, que sigue a la espera de una explicación convincente. Soy consciente, sin embargo, de que mi consejo llegó demasiado tarde, pues su defensa a priori del trabajo que supuestamente realizan lo puede colocar en una posición incómoda si eventualmente resulta que no son, como señala el funcionario palaciego, personas que desempeñan funciones directivas a las que se les denominó asesores “por un tema burocrático”, algo que no debe ser difícil de determinar si alguien pone empeño y dedicación; pero sobre todo, ganas de hacer quedar mal al gobierno.

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“Esos asesores ocupan posiciones de direcciones, están en servicio continuo y constante. Es una confusión, son directores, pero por asuntos burocráticos se les da esa denominación”. ¿Podría jurar sobre una Biblia que ese es el caso de los 18 directores que asesoran a Tony Peña Guaba en el Gabinete de Políticas Sociales? Sea porque esa explicación se produjo en un pasillo del Palacio Nacional luego de concluir una reunión del Consejo de Ministros, o porque a todo el mundo nos ha parecido demasiado simple, como para salir del apuro, lo cierto es que no ha dejado satisfecho a nadie, y es probable que sea la causa de que distintos medios continúen publicando listas de asesores como si se tratara de algo negativo y censurable.

Y el hecho de que los que los contrataron, con contadas excepciones, no hayan salido a defender su trabajo, el aporte que hacen todos y cada uno de ellos en las instituciones que dirigen, confirma la percepción de que no es un dinero bien invertido. Ese gesto de transparencia que ha faltado permitiría aclarar la “confusión” de la que habla el portavoz, lo que también ayudaría al gobierno a salir del atolladero en el que está metido con los benditos asesores.