En muchas ocasiones, Marcha Verde ha demandado en las calles y ha depositado solicitudes formales al Ministerio Público para que el proyecto Punta Catalina sea investigado por múltiples irregularidades de corrupción denunciadas. Entre las que se incluyen: sobornos no declarados por Odebrecht, informes amañados, sobrevaluaciones y sobrecostos pagados sin auditorías, financiamiento ilegal de campañas electorales.

Hasta ahora el Ministerio Público ha respondido estas demandas con silencio y más silencio; pero de repente, como si estuviéramos dormidos, el presidente Abinader sorprende al país con una propuesta de contrato fideicomiso. Este busca entregar la administración de la planta a sectores privados. Mientras al mismo tiempo quedan impunes los actores de todas las estafas ocurridas durante el proceso de licitación y construcción del proyecto.

El pueblo dominicano ha estado a la espera de que la persecución a la corrupción en la obra pública más costosa de la historia de la nación, envíe a juicio a los principales culpables. Sin embargo, la noticia del fideicomiso que somete el presidente devela que ya se ha ofrecido al sector privado bajo un contrato donde el Estado cede la obra sin garantías de que el pueblo mantendrá la propiedad de ese patrimonio que ha costado enormes sacrificios del presupuesto nacional.

Lea: La advertencia de Marcha Verde en su quinto aniversario

Preocupación

La decisión del presidente ha causado preocupante inquietud en amplios sectores nacionales que exigimos que la obra sea sometida a una auditoría forense multidisciplinaria criminalista. Los que sean culpables de los desenfrenos contra el Estado se sometan a la acción de la justicia para recuperar lo robado.

El país sufrió crisis de energía eléctrica durante muchas décadas, con afectaciones en la vida cotidiana y en los sectores productivos. La planta inició su operación hace más de dos años y comenzó a suplir los tradicionales déficits del sistema eléctrico nacional. Aunque todavía no se ha producido el tan ofrecido reajuste de la tarifa eléctrica. Por demás, la entrega a sectores privados de ese bien público estratégico es un retroceso imperdonable que no vamos a permitir.

Nos oponemos al fideicomiso de Punta Catalina y cualquier negociación con agentes privados nacionales o extranjeros que ponga en riesgo la propiedad pública de este valioso patrimonio. Punta Catalina debe ser administrada por el Estado Dominicano. Designando personas que asuman esa función pública con capacidad administrativa, técnica y con la transparencia que requiere el manejo de recursos públicos.

Lee aquí: Pide Abinader no ceder el patrimonio público a sectores privados

Reiteramos la exigencia de que Punta Catalina sea auditada desde su licitación hasta el momento actual. Dicha auditoría debe arrojar el costo real, los posibles sobornos. Los sobrecostos pagados, el estatus técnico, las condiciones actuales de la obra y evaluar el impacto económico y ecológico de la operación.

Por otra parte, el pueblo no acudió a las urnas, para que ahora sean los empresarios quienes administren sus bienes. Sin escuchar al pueblo no se puede tomar decisiones estratégicas. El Consejo Económico y Social (CES) en su conformación actual sigue sobreexpuesto a la influencia de sectores empresariales.

Vigilia

Ante esta realidad, el pasado domingo profundizamos el tema en Conversatorio Verde con especialistas. El próximo jueves 17 estaremos en vigilia simultánea contra el fideicomiso en el Parque Independencia del Distrito Nacional. También en el Parque central de Nizao y el Parque central de Baní.