El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitió las Resoluciones 0009/2021 y 00010/2021, con las que estableció una amplia lista de regulaciones y dispuso el aumento de fiscalización y control sobre toda actividad minera no metálica, así como la declaración de alta prioridad el manejo de cuencas hidrográficas del país.

En ese sentido, se estableció un nuevo procedimiento para el otorgamiento de autorizaciones ambientales para las operaciones de minería no metálica en todo el territorio nacional contenido en la Resolución 0009/2021) que incluye las labores realizadas por las granceras, canteras, entre otras.

La medida fue adoptada por el ministro, Orlando Jorge Mera, con el interés de garantizar que las operaciones de este tipo se realicen bajo el debido respeto de los recursos naturales sin ampliar intervenciones más allá de donde sean autorizadas luego de los rigurosos procesos de evaluación establecidos.

También la resolución contribuirá a que la explotación de los recursos para materiales de construcción, entre otras actividades, se realice sin causar daños irreparables al medio ambiente, especialmente a los ríos y fuentes de agua.

Estas disposiciones también abarcan la adecuación de cauces de ríos y colas de embalse y se regula todo el procedimiento desde las solicitudes, evaluaciones, entrega de términos de referencia, objeciones hasta el otorgamiento de la Autorización Ambiental y controles sobre las mismas.

Con esta disposición quedan derogadas las antiguas Resoluciones 051-2019 y la 01-2017 que aprobaba el Procedimiento de Otorgamiento de Autorizaciones Ambientales para Operaciones de Minería no metálica.

En ese sentido, se deroga la competencia de las Direcciones Provinciales para la emisión de los Certificados de Registros de Impactos Mínimos destinados para proyectos mineros no metálicos.

El ministro Jorge Mera explica que la Resolución 00010/2021 toma en cuenta la importancia y necesidad de preservar el recurso agua.

La medida implica la regulación de las extracciones de agregados, dentro y fuera de los cauces a los fines de disminuir los ilícitos ambientales, al tiempo que contempla sanciones administrativas contra violadores.