El estado sureño de Guerrero se convirtió el martes en la octava entidad de México en legalizar la interrupción del embarazo hasta la décima segunda semana de gestación tras la aprobación en el Congreso estatal de la reforma del Código Penal.

Con 30 votos a favor, 13 en contra, una abstención y un voto nulo, los congresista acordaron la reforma del Código Penal estatal para despenalizar el aborto en Guerrero, que es uno de los 32 estados de México que exhibe uno de los mayores registros de abusos sexuales contra las mujeres y embarazos de adolescentes.

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Antes de la reforma no se permitía el aborto voluntario y se contemplaban penas de uno a tres años de cárcel por la interrupción del embarazo. Las únicas causales permitidas para el aborto eran la violación, la inseminación artificial no consentida y por problemas de salud o alteraciones genéticas del bebé.

La decisión fue celebrada por diferentes colectivos de mujeres, activistas y políticos que consideraron la reforma como una “victoria”, mientras que a las afueras del Congreso se concentraron grupos pro vida para protestar contra los diputados.

La congresista del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Beatriz Mojica, consideró la decisión como un “gran avance en el derecho a decidir” y dijo a la televisora local Milenio que en los próximos meses se espera adecuar las leyes alternas para ajustarlas al Código Penal.

En marzo el Congreso del estado norteño de Sinaloa aprobó la interrupción del embarazo al igual que se dio en la Ciudad de México y los estados de Hidalgo, Oaxaca, Veracruz, Baja California y Colima. Aún restan 24 congresos estatales por discutir la despenalización del aborto.

Las decisiones de los congresos se dan luego de que la Suprema Corte de México sentenció en septiembre que era inconstitucional la penalización del aborto y estableció que los estados no tienen competencia para definir el origen de la vida, decisiones que fueron rechazadas por la cúpula de la Iglesia Católica y organizaciones que defienden el embarazo.