Por Ernesto Hernández Norzagaray

El pasado 2 de junio se celebraron elecciones constitucionales en México para elegir al presidente de la República y a los integrantes del Congreso de la Unión, además de casi una decena de gobiernos estatales, congresos locales y miles de alcaldías.

Los estudios socioterritoriales del voto realizados por Willibald Sonnleitner en el Colegio de México arrojaron que el apoyo de los votantes, si bien mayoritariamente favorecieron a la coalición oficialista Sigamos Haciendo Historia, no fue unánime, como lo demuestra que esta suma de anagramas alcanzó el 56% ante el 44% que obtuvo la oposición PRI-PAN-PRD, organizada en la coalición Fuerza y Corazón Por México, y el partido Movimiento Ciudadano, que compitió solo.

Desde entonces se han acumulado cinco momentos cruciales que nos llevan a justificar el título de este artículo.

Al día siguiente de las elecciones

Cuando todavía no había resultados definitivos del Instituto Nacional Electoral (INE), Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, convocó a la prensa para anunciar inopinadamente cómo quedaría integrado el Congreso de la Unión bajo el sistema mixto de mayoría relativa y representación proporcional, señalando que la coalición de su gobierno, Sigamos Haciendo Historia, de acuerdo a una interpretación gramatical no literal, sistemática y funcional del artículo 54 constitucional, había obtenido mayoría calificada en la Cámara de Diputados y estaba a tres votos de lo mismo en la Cámara de Senadores.

Aprobación del INE

Siete de los once consejeros electorales del INE votaron en la dirección de lo que la Secretaria de Gobernación había anunciado y la resolución la controvirtió la oposición ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde cuatro de los cinco magistrados electorales refrendaron lo que habían acordado la mayoría de los consejeros electorales. Los magistrados desecharon ipso facto los recursos de reconsideración que la oposición había interpuesto en contra de la sobrerrepresentación del oficialismo.

Reformas constitucionales

Con esa sentencia definitiva se instaló la Cámara de Diputados con 364 legisladores oficialistas y 136 de la oposición y, en ese momento, se puso en marcha la aprobación de las 20 reformas constitucionales propuestas por el presidente López Obrador, entre las que destaca la del Poder Judicial, que pretende sustituir el sistema meritocrático por el de la elección popular directa de jueces, magistrados y ministros, lo que ha provocado un paro nacional y movilizaciones masivas en todo el país de empleados y funcionarios judiciales, estudiantes y académicos, además de segmentos de la sociedad civil organizada en la Marea Rosa y el Frente Cívico Nacional.

Reacción internacional

Esto ha provocado, además, reacciones en contra del gobierno de Estados Unidos y los grandes medios de comunicación internacional por el daño que provoca en las reglas del juego del Tratado de Libre Comercio, en la ONU por su significado para las instituciones de la democracia y en los riesgos de la instalación de un sistema dictatorial.

Eso ha significado un triple efecto negativo en términos políticos, económicos y jurídicos que ha provocado una devaluación del peso del orden del 15% desde el día de las elecciones constitucionales.

No obstante, los trabajos de la reforma judicial continuaron y ya es ley constitucional. Para ello han logrado los votos que les faltaban en el Senado de la República para tener la mayoría calificada, proviniendo dos de ellos del PRD y otro más del PAN mediante presiones y amenazas sin necesidad de pactar con la oposición.

Alineamiento de Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, que habrá de tomar posesión de su cargo el 1 de octubre, está plegada a la postura de los jacobinos de Morena y aliados encabezados por el presidente López Obrador. Y en ningún momento se ha salido del guión contra el Poder Judicial y, en especial, contra ocho de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han sostenido una posición indeclinable de defensa de la Constitución.

En suma, instituciones fundamentales de la transición a la democracia están bajo amenaza, y con ello las bases de sustentación de un largo periodo de estabilidad social, económica y política, y se puede entrar en un cambio de régimen o, mejor, llevar a restablecer el modelo de sistema de partido hegemónico priista sin oposición que permaneció buena parte del siglo XX.