Al definirse como un hombre del pueblo dominicano y que defiende la institucionalidad, el director de Migración, Venancio Alcántara, aseguró que estudiará el proyecto de ley sobre trata de personas que reposa en el Congreso Nacional.

«El trabajo árduo no me ha permitido estudiarlo. Voy a estudiarlo y tan pronto lo estudie entonces emito mi opinión», dijo Velenciano.

El director de Migración dijo además que el borte de cólera que existe en la República Dominicana responde a la entrada de haitianos que han ingresado al país de manera ilegal.

«No es competencia de nosotros. El control de la frontera lo tienen otros organismos», aseguró el titular de Migración.

Las palabras de Alcántara se dan en momentos en que en el país se ha generado un intenso debate en la sociedad dominicana por un proyecto de ley que permitiría que los inmigrantes que han sido víctimas de trata sean acogidos de este lado de la isla.

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Hace varios días, el senador de la provincia Hermanas Mirabal, Bautista Rojas Gómez, Bauta, criticó el proyecto del ley que contempla regular la acogida y legalización de inmigrantes indocumentados víctimas de trata de personas y explotación en la República Dominicana.

«Si eso se convierte en ley no tiene sentido la verja, que es cada vez más infuncional», dijo el congresista.

Bauta, que fue entrevistado en el programa Hoy Mismo, que se transmite por Color Visión, canal 9, dijo además que el Poder Ejecutivo envió al Congreso dicho proyecto en diciembre pasado.

El año pasado, el embajador y viceministro de Política Exterior Multilateral, Rubén Silié Valdez, se dirigió formalmente al embajador Virgilio Alcántara, representante permanente de la República Dominicana ante la oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra, Suiza, para fijar posición sobre la migración masiva de haitianos hacia el país.

En respuesta al comunicado de prensa del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, el funcionario dominicano afirma que el estado dominicano actúa conforme a su Constitución, los tratados internacionales ratificados por el país y la Ley General de Migración 285-04.

En el comunicado, de fecha 10 de noviembre de 2022, se reitera que el estado dominicano respeta los derechos humanos de las personas migrantes.