Por Osiris de León

La minería ha sido, y seguirá siendo, el soporte fundamental del desarrollo de la sociedad de ayer y de la sociedad de hoy, del mismo modo en que seguirá siendo el soporte fundamental de la sociedad de mañana, más allá de las críticas de quienes nunca han simpatizado con la minería, pues es la minería la única actividad productiva en capacidad de aportar todos los elementos metálicos requeridos por todos los sectores de la sociedad, incluida la agricultura, la industria y la tecnología; es la única actividad en capacidad de aportar todos los combustibles fósiles requeridos por la industria eléctrica que ilumina al mundo y mueve a la industria, y requeridos por el sector transporte que mueve a pasajeros, alimentos y medicinas en todas partes del mundo; es la única actividad productiva que aporta el cemento, el acero, las gravas y las arenas para el sector construcción que nos suple de viviendas seguras, escuelas, hospitales, carreteras, puentes y canales de riego, y es la única actividad productiva que aporta los metales para todos los equipos de imágenes médicas y los elementos minerales que sirven de soporte para muchos medicamentos y para el tratamiento de los más complejos problemas de salud, incluyendo elementos radiactivos para radioterapias.

Pero no obstante todas esas grandes e indiscutibles bondades de la minería, ese sector productivo se ha concentrado siempre en sus programas de exploración y producción, y ha dejado abandonado por completo los programas de difusión, información y promoción, con lo que el terreno ha quedado libre para el uso exclusivo de quienes al no simpatizar con la minería se han dado a la tarea de utilizar los medios de comunicación para deformar por completo la imagen de la minería y presentarla como única responsable de todos los pecados ambientales del mundo de hoy, y en un mundo moderno donde la mayor parte de la gente consume lo que se difunde de manera permanente a través de medios de comunicación, cada día crece y crece la oposición a la minería, aunque esa oposición se haga desde un teléfono celular construido en un 100 % usando componentes mineros, o se haga desde una cabina de radio donde todos llegaron montados en autos construidos usando componentes mineros y movidos por combustibles mineros.

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Muestra de esa oposición se evidencia en la provincia de San Juan, donde se argumenta, sin ninguna Evaluación de Impacto Ambiental que dé la razón, que no se puede permitir la explotación aurífera de El Romero porque esa explotación supuestamente destruiría las aguas del río San Juan, secaría la presa de Sabaneta y destruiría la agricultura, ignorando que en Bonao se explota níquel desde 1971, en Cotuí se explota oro y plata desde 1975 y en Maimón se explota cobre y oro desde el 2008, y que esas 3 grandes operaciones mineras se desarrollan al lado del río Yuna que es el más caudaloso del país y no ha sido impactado, al lado de la presa de Hatillo que es la de mayor capacidad de almacenamiento de agua y de producción de tilapias y no ha sido impactada, y al lado de la principal zona arrocera del país, donde hay 55 mil hectáreas sembradas de arroz con producción récord, ya que el pasado año el país produjo 14.4 millones de quintales de arroz, de los cuales el 67 % se produjo dentro de la zona minera La Vega-Bonao-SFM-Cotuí-Bajo Yuna, el 21 % en la línea noroeste, y apenas el 12 % en la región suroeste que incluye a San Juan, demostrando que en Bonao y Cotuí la minería coexiste con una agricultura que produce 5 veces más que la agricultura de San Juan.

Pero lo más preocupante es que mientras el artículo 40 de la Ley Ambiental 64-00 establece que todo proyecto, obra de infraestructura o industria, que por su naturaleza pueda afectar el medio ambiente requiere que el ministerio de Medio Ambiente le otorgue un permiso ambiental, o una licencia ambiental sustentada en una Evaluación de Impacto Ambiental, según la magnitud de los efectos que pueda causar el proyecto, en esta ocasión se llega al extremo de exigir al Gobierno que se viole la Ley Ambiental 64-00 y que no se permita la realización de la Evaluación de Impacto Ambiental que ordena la Ley, quizás porque algunos opositores del área agrícola entienden que si se realiza la Evaluación de Impacto Ambiental que manda la Ley quedaría demostrado que muchos argumentos agrícolas de oposición, planteados sin ninguna base geocientífica de sustentación, quedarían erosionados ante la nación.

Ahora bien, lo que no se entiende es que la autoridad no asuma el papel rector que le ordena la Ley Ambiental 64-00 para instruir la ejecución de la Evaluación de Impacto Ambiental, tal y como desde el año 2000 se ha hecho cada vez que algún proyecto, público o privado, ha sido presentado ante las autoridades ambientales, pues si esta vez se acepta la presión social para que no se ejecute la Evaluación de Impacto Ambiental que ordena la Ley, se crearía el mal precedente de que en cada futuro proyecto se aplicaría la misma presión por parte de cualquier grupo o sector opuesto a cualquier proyecto en cualquier región, con lo que la Ley Ambiental 64-00, nuestro mejor instrumento de protección ambiental, perdería toda su razón, y los proyectos dependerían de quien tenga más poder de presión, y eso sería catastrófico para la nación. Pedir irrespetar nuestra Ley Ambiental no es propio de ambientalistas, especialmente cuando personas que ayer se opusieron a proyectos públicos con el válido argumento de que el Gobierno no había hecho la obligatoria Evaluación de Impacto Ambiental, hoy se oponen a un proyecto minero exigiendo que se viole la Ley para que no se haga la obligatoria Evaluación de Impacto Ambiental que antes reclamaban y que manda la Ley.