Elsa Graciano 
A propósito de la controversia que ha causado la Orden Departamental 33-19, sobre la implementación de la política de igualdad de género en las escuelas, personalidades del sector empresarial, político y religioso firmaron el Pacto Educativo 2014-2030 que contempla esta ordenanza, y presuntamente ahora no están de acuerdo.
Según se contempla en dicho pacto, en su punto 2.1., «la educación es un derecho y un bien público de acceso universal y con equidad; orientada a construir una ciudadanía plena mediante la formación integral de personas conscientes de sus derechos y deberes, respetuosa de los principios y valores constitucionales; personas autónomas, solidarias, éticas y socialmente responsables, comprometidas con la igualdad y equidad de género y la atención a la diversidad».
Vea aquí parte del documento que contiene las firmas.
Se recuerda que, este mandato está amparado en distintos artículos legales de la Constitución, la Estrategia Nacional de Desarrollo y la Ley de Educación 66-97, que apuntan al respeto e igualdad de derechos entre hombres y mujeres.
La ordenanza declara como prioridad de la institución el diseño y establecimiento de política de género en el sistema educativo preuniversitario, es decir, los niveles de educación secundaria, para promover herramientas pedagógicas a favor de esta ideología con la finalidad de “deconstruir” los estereotipos de género que afectan al país.
