Procuradora dice es inaceptable que frente a un hecho ilícito y en una situación flagrante el MP deje de lado su responsabilidad.
La procuradora general Miriam Germán rechazó que en el arresto y sometimiento a la justicia de los cinco tripulantes de una aeronave de Pivot Airlines en la que se encontraron 209.65 kilogramos de cocaína clorhidratada, se haya violado el debido proceso de ley como denunciara la Asociación Internacional de Pilotos de Aerolìneas (ALPA).
Dijo que los dos pilotos y demás tripulantes fueron arrestados “de manera flagrante”, siempre respetando todos sus derechos y el debido proceso, y que por tratarse de ciudadanos extranjeros se contactó a la embajada correspondiente.
Agregó que un tribunal competente les impuso como medida de coerción una garantía económica, presentación periódica y prohibición de salir del país sin autorización judicial, que pesa sobre ellos hasta la conclusión del proceso penal o su levantamiento por autoridad judicial.
“El Ministerio Público ha actuado en el marco de los principios que rigen el Estado de Derecho, respetando las garantías del debido proceso, y sometió sus actuaciones, como manda la ley, al escrutinio de jueces ante los cuales los investigados tuvieron la oportunidad de defenderse y hacer valer sus argumentos, como ocurre con cualquier persona, nacional o extranjera, que enfrente un proceso penal en República Dominicana”, subrayó en un comunicado público.
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Indicó que el MP inició la investigación del caso cuando tuvo conocimiento de los 200 paquetes de un polvo blanco en el interior de la aeronave, que conforme al peritaje del INACIF resultó ser cocaína clorhidratada.
Informó que incautada la aeronave, intentaron sacarla del país usando un plan de vuelo falso.
“No es aceptable, bajo ningún concepto, que, frente a un ilícito grave como el ocurrido, y en situación flagrante, el Ministerio Público deje de lado su responsabilidad de investigar y simplemente desestime prima face el caso, pues estaríamos ante un escenario de franca impunidad que generaría serias sospechas en la sociedad sobre la actuación del órgano persecutor.”