Joel Suero 
Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), sobre el caso Coral.
La fiscal Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), aseguró hoy que las auditorías realizadas a los cuerpos Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) y de Seguridad Presidencial (CUSEP) son piezas claves en el caso Coral.
“Las auditoría de CUSEP y CESTUR que forman parte del caso Coral se entregaron recientemente. Podía el Ministerio Público acusar sin tener esas auditorías a mano, no podíamos presentar un acto conclusivo al que le faltara una pieza tan vital como la auditoría del órgano estatal encargado por ley de realizar este tipo de funciones”, dijo Ortiz.
Señaló además que, “el juez otorga las prórrogas al comprobar que Ministerio Público actuó de manera diligente y que no es responsable de la respuesta”. Al mismo tiempo de señalar la carga de trabajo que tiene la Cámara de Cuentas por la cantidad de casos de la PEPCA.
Puedes leer: Caso Coral: Aumenta a 30 personas acusadas de fraude
Ortiz manifestó que cada plazo solicitado en el caso Coral y otros, están sujetos a la ley para que la investigación sea eficiente.
“Los plazos que nosotros solicitamos no son plazos que solicitamos porque estén establecidos en un guion. Son los plazos que la ley nos permite para poder hacer una investigación más eficiente”, refirió la fiscal entrevistada en “Despierta con CDN”.
Tipo de medida
Mirna Ortiz, aclaró que las solicitudes de prisión preventiva no son una regla, sino más bien producto de la necesidad de los casos ante el poder acumulado por los imputados.
“La prisión preventiva no es que se convierta en la regla, es la necesidad del caso. Estamos hablando de personas que tienen poder (…) Personas con poder económico y político. Que al día de hoy mantienen influencia en las instituciones que dirigieron”, indicó.
Añadió que en los casos Coral y Coral 5G, los imputados son militares activos que no han sido suspendido y los testigos mayormente son militares.
Leer: Tribunal rechaza la solicitud a Esmeralda y aplaza la de Robiou
Ortiz puntualizó que de otorgarles otro tipo de medida de coerción estos tendrían la capacidad de llamar testigos, amedrentarlos, “influir, alterar pruebas evidencias”.
