La jueza de la instrucción del Distrito Nacional Kenya Romero ordenó a varias instituciones entregar informaciones financieras requeridas por la Procuraduría Anticorrupción (Pepca) como parte de la investigación en la que acusa al exministro de Haciendas Donald Guerrero de crear una estructura no gubernamental para estafar al Estado mediante la modalidad de expropiación de terrenos.
La magistrada Kenya Romero ordenó a las Superintendencias de Bancos, de Valores, de Seguro, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), el Instituto de Desarrollo del Crédito Cooperativo (Idecoop) proveer al director del Pepca, Wilson Camacho, toda la información requerida para la investigación del caso.
Esas informaciones incluyen reportes e informes de los productos financieros, así como de todas las informaciones tributarias, incluyendo las que existan en el sistema financiero de las entidades supervisadas por estos, tales como movimientos de todo tipo de cuentas y productos; transferencias nacionales e internacionales; depósitos, retiros, inversiones, cambios de divisas, remesas nacionales e internacionales; pagos de impuestos, entre otras.
Dio un plazo de 60 días para ejecutar la orden judicial, a partir del 23 de agosto en curso, fecha en que emitió su fallo.
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De acuerdo con la instancia depositada por la Pepca en el tribunal, las acciones ilegales del entramado liderado supuestamente por Donald, también habría incurrido en soborno al exigir a un contratista RD$60 millones, de RD$1,300 millones que le debía el Estado.
Señala que en un levantamiento realizado por la Contraloría General, fueron identificados múltiples libramientos de pagos fraudulentos a terceros bajo la modalidad de supuesta deuda pública, por concepto de expropiación de terrenos, por la suma de RD$19,653,871,513.80, por acuerdos transaccionales.
Agrega que el entramado de corrupción utilizaba además la simulación de compra y venta de terrenos bajo la modalidad de deuda administrativa, que tenían como elemento común contratos de cesiones de crédito por más de RD$10,500 millones, “a personas de entera confianza que en ocasiones utilizaban sociedades comerciales de carpeta, disolviéndolas inmediatamente obtuvieron su objetivo”, lo que constituye el tipo penal de desfalco.
Resalta que Donald “era recurrente” instruyendo mediante comunicación al viceministro del Tesoro Rafael Gómez Medina para que incluyera “órdenes de pagos en el Capítulo 999 “Obligaciones del Tesoro” (deuda administrativa) por concepto de acuerdos transaccionales a los fines de emitir los libramientos de pagos envueltos en esta investigación”.
Indica que en la totalidad de los casos pagados, los beneficiados, un total de 26, “constituían un conglomerado de las mismas personas físicas y jurídicas” aun cuando los terrenos estaban ubicados en distintos puntos del país.
Entre ese conglomerado beneficiado figuran Angel Lockward, Angel George Lockward Cruz; la razón social Angel Lockward y Asociados; BXT Dominicana, SRL; Alvaro Jiménez Crisóstomos, Pedro María de la Altagracia Veras, Ramón David Hernández, Agustín Mejía Avila, Fincas de Recreo Villa Mella, Tools & Resource Enterprises Toreen SRL y Gloria Mercedes Abreú Valdez.
Señala la Pepca que durante su investigación pudo comprobar que entre el 22 de enero y el 27 de julio desde el Ministerio de Haciendas se pagaron 30 libramientos por un monto aproximado de RD$10,993,120,387.60, mientras que la Tesorería Nacional solo certifica RD$5,636,093,821.14, para una diferencia de RD$6,431,438,750.41, lo que indica que realizó pagos directos violando la Ley 10-07.
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La red
Indica la Pepca que Donald Guerrero creo su estructura no gubernamental con Simón Lizardo Amézquita administrador del Banreservas; Luis Baldemiro Reyes Santos, director de Presupuesto; Daniel Omar Caamaño Santana Contralor general; y Aldo Antonio Gerbasi Fernández, de la dirección de Reconocimiento de deuda Pública
Afirma que eran parte del entramado creado por Guerrero además, Emilio César Rivas Rodríguez, director de Bienes Nacionales; Claudio Silver Peña, director Nacional de Catastro; Luis Miguel Piccirilo Mc Cabe y Domingo Enrique Martínez Reyes, del CEA.
El contratista
El contratista Ventura Rodríguez declaró a la Pepca que el imputado José Arturo Ureña, en presencia de Fernando Crisóstomos y Ramón Emilio Jiménez (Mimilo) le dijeron que si él estaba dispuesto a entregar RD$60 millones de los que el Estado le adeudaba y al este asentir, lo llevaron donde Donald, quien le dijo que para lograr el pago que hablara con los imputados Mimilo y Ureña para el tema del dinero, a quienes le entregó RD$527,694,838, a través de sus empleados Luis Joaquín Feliz Peña y Jorge Cecilio Mena Jiménez.
La Pepca dice que fue a través del testimonio del contratista que corroboró el vínculo directo del imputado Donald Guerrero Ortiz con Mimilo Jiménez, José Andrés Familia, Crisóstomos Herrera Alvaro Jiménez Crisóstomos, Efraín Santiago Báez y otros imputados.
El pedimento a la jueza fue hecho por el titular de la Pepca Wilson Camacho el 16 de febrero, y autorizado por la magistrada Romero el martes 23 de agosto en curso, con un plazo de vigencia de 60 días a contar de esa fecha.
Lo que solicitó la PEPCA
En su instancia del 16 de Febrero, Wilson Camacho, titular del órgano del Ministerio Público solicitó a la magistrada Romero autorización judicial para la obtención de información financiera respecto de los ciudadanos Princesa García Medina, Rafael Gómez Medina Algo Antonio Gerbasi Fernández, Emilio César Rivas Rodríguez, Domingo Martínez Reyes, Mimilo Jiménez Luis Baldemiro Reyes Santos, Simón Lizardo Mézquita, José Andrés Familia, Fernando Crisóstomos Herrera, Efraín Santiago Báez Fajardo, Belkis Antonia Tejada Ramírez, Oscar Ramón Ortiz de la Rosa, Rolando Méndez Morillo, Alvaro Jiménez Crisóstomos, José Pablo Ortiz Giraldez, José Arturo Ureña Pérez, Ramón David Hernández, Donald Guerrero, Yahaira Brito Evangelista, Bernardo Ledesma y Luis Miguel Piccirilo MaCabe. Juan Alexander Tapia Holguín, Claudio Silver Peña, Daniel Caamaño Santana, Alberto Perdomo Piña, Rafael Collado Ventura, Príamo Jiménez Toribio, Hortensia Santiago Mercado de Mora, Ramón Ysaías Pérez Heredia, Licelot Abréu Saldaña, William Antonio Castillo Dueñas, Joaquín Ernesto Taveras Cabral, Wilma Esmeralda Rosario Santana, María Altagracia de la Rosa Hidalgo, Martín Soriano y Wilfredo Castillo Rosa.