Neulyn González 
Delitos. Pepca dice se traficaron armas y destruyeron pruebas
Jueza mantiene en prisión preventiva a cinco de los imputados, mientras que Raúl Girón permanece bajo arresto domiciliario
Los seis imputados por el caso de corrupción Coral, a quienes ayer se les ratificó las medidas de coerción, enfrentan un expediente fortalecido con más pruebas y cargos, entre ellos los delitos de destrucción de pruebas y tráfico de armas, aseguró ayer el procurador adjunto Wilson Camacho.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) afirmó que durante la revisión obligatoria de las medidas cautelares contra los encartados, el órgano acusador presentó a la jueza evidencias de destrucción de pruebas, específicamente en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
Añadió que los fiscales mostraron evidencias de pagos “millonarios” que se hicieron a empresas que simularon suplir bienes que al final no fueron entregados y de armas de fuego ocupadas en este caso que no tienen registro de ingreso en el país.
De acuerdo a Camacho, estos nuevos presupuestos que “agravan” la situación de los procesados le dieron “razones suficientes” a la jueza Keila Pérez Santana, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, para mantener en prisión preventiva al mayor general Adán Cáceres, al coronel Rafael Núñez de Aza, al sargento Alejandro Montero, a la pastora Rossy Guzmán y a su hijo Tanner Flete Guzmán.
A su vez, la juzgadora confirmó el arresto domiciliario que cumple el mayor Raúl Girón desde que este declaró en contra del resto de acusados cuando se conoció la audiencia de medidas coercitivas a principios de mayo pasado.
Jueces temen al MP
El abogado de Rossy Guzmán y Tanner Flete sostiene que el sistema judicial “sigue secuestrado por las presiones del Ministerio Público”.
“Aparentemente los jueces siguen temerosos. Necesitamos un juez que decida aplicar la ley y que se quite de encima el miedo al MP”, manifestó Héctor López Rodríguez.
Alega que sus dos representados están recluidos “ilegalmente” y adelantó que luchará por su libertad incluso ante el Tribunal Constitucional (TC).
Por su lado, el abogado Israel Rosario, defensor de Montero, indicó que la privación de libertad deberá resolverse en la Corte de Apelación del DN.
La evolución del pliego acusatorio
Nuevos cargos
Los cargos de tráfico de armas y destrucción de pruebas se suman a la imputación de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
Instituciones afectadas
Por el momento, el órgano de la persecución penal solo ha revelado que el entramado sustrajo recursos del Cestur, Cusep y Conani.
