El Ministerio Público considera que la negativa del Tercer Tribunal Colegiado de variar las medidas de coerción que pesan sobre los condenados por el caso Catleya, incrementa el peligro de fuga, en especial de cinco extranjeros que figuran entre los nueve sentenciados a 20 años.

La sentencia tampoco garantiza una victoria para el Ministerio Público en su lucha contra la trata y tráfico de personas, por tratarse de una decisión de primer grado sujeta a decisiones que puedan dictar la Corte de Apelación o la Suprema Corte de Justicia (SCJ), tribunales por ante los cuales puede ser recurrida por las partes, como ya han adelantado las defensas de los condenados en libertad.

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Precedente de fuga

El representa del MP en el caso, Eduardo Velázquez, dijo que con la solicitud de condena, solicitaron al tribunal variar las medidas de coerción a todos los imputados, considerando que no es lo mismo asistir al proceso estando en libertad, que hacerlo después que se es condenado.

Refirió el caso de los pilotos franceses Jean Pascal Fauret y Bruno Víctor Odos, condenados en el país en el 2019 a 20 años de prisión por traficar casi 700 kilos de cocaína, y estando libre bajo supervisión judicial mientras apelaban dicha sentencia, se fugaron a bordo de una lancha rápida, a Francia.

Proceso en la corte

Velázquez indicó que aunque la norma le da facultad a la Corte de Apelación para variar la sentencia del primer tribunal colegiado, en su experiencia no ha visto que en los casos complejos como Catleya, lo haga.

“Por lo general, la Corte lo que hace es que desestima (la apelación) y confirma basada en la gravedad de los hechos y en la solidez de la acusación que motivó la condena del primer grado”, dijo.

Agregó, no obstante que como las defensa de los condenados han anunciado que apelarán, en su escrito de réplica a ese recurso, el MP volverá a solicitar la variación de medidas de coerción, conforme a lo establecido en el artículo número 238 del Código Procesal Penal (CPP)

El referido artículo dispone, entre otras cosas, que “La revisión para imponer una medida más gravosa solo procede a solicitud del Ministerio Público”.

El procurador fiscal adscrito a la Procuraduría Anticorrupción (Pepca), indicó que si la Corte acoge la petición del órgano acusador, “los imputados serían arrestados en la sala de audiencias” y trasladados a la cárcel de Najayo.

Velásquez dijo que si por el contrario, el tribunal de segundo grado ratifica la sentencia del Primer Colegiado en todas sus partes, y los imputados deciden recurrir en casación, lo harían estando en libertad hasta que la alta corte falle, y la sentencia adquiera “la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada”.

Plazo para apelar

El fiscal explicó que por tratarse de un caso complejo, los imputados tienen un plazo de 40 días hábiles para recurrir la sentencia, a partir de la notificación de la misma que será leída de manera íntegra el 24 de abril próximo.

Agregó que una vez los imputados depositen su recurso por ante la secretaría de la Corte de Apelación, y este le sea notificado, el Ministerio Público dispondrá de 10 días para contestar a través de un escrito de réplica.

“Nosotros vamos a defender la sentencia que nos dio ganancia de causa, y a solicitar otra vez la variación de las medidas de coerción por prisión preventiva”, puntualizó el representante del MP.

A 20 años condenados

Los sentenciados son Oliver Arnaud Lewinski (Timothy William Case Renee), Oscar Wilcenne, María Paula Murillo V., Zafiro Nathaly Sánchez G., Melvin José Valentín Pegue, Alejandro Batista Bustamante, Braulio Manuel Lugo, Robert Lee E. Paniagua y Engel Neftalí Vargas S.