Son oportunas las valoraciones de Mu-kien Sang Ben, Rafael Emilio Yunén Zouain y José Chez Checo. Pertinentes para discernir sobre moral pública y valor del mérito personal. Debemos hacer lo debido para impedir la acreditación histórica de lo apócrifo y el reconocimiento subrepticio del crimen de Estado.

Asimismo, Minou y Manolo Tavárez Mirabal hicieron lo correcto como ciudadanos de entereza y moralidad, al criticar que la Academia Dominicana de la Historia admitiera al general Ramiro Matos. Colocaron en la picota un tema central para el estudio de la historia y la ética de la Nación.

En Roma antigua, el Senado legislaba para maldecir la memoria histórica de emperadores y militares sanguinarios. La más famosa fue la “Damnatio Memoriae” sancionada contra el emperador Tito Flavio Domiciano, cuya historia fue tachada de los registros oficiales y su obra borrada de la mención colectiva. Domiciano trajo paz y crecimiento, pero bañó con sangre inocente calles, templos y villas romanas.

Sabemos que en República Dominicana, desde un club barrial, hasta las más encumbradas academias, universidades y asociaciones empresariales, reparten certificados, trofeos, placas y medallas como regalos en una mañana de pascuas.

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Sin embargo, la Academia Dominicana de la Historia no debiera ser parte de este especial estilo de manejar la “meritocracia pública” o como se decía en Roma, el “Cursus Honorem” de los ciudadanos.

En lo que se aclaran los hechos, Ramiro Matos debiera renunciar de la Academia de la Historia. Pero, su inoportuna inclusión como historiador, permite analizar acciones de cientos de personajes que luego de ejecutar crímenes y asesinatos por orden superior, desean más que los méritos de la rama militar, aquellos laureles propios de los hombres de bien.

Dos experiencias arrojan luz. El Tribunal de Nuremberg al concluir la Segunda Guerra Mundial y las Comisiones de la Verdad de América al final del pasado siglo XX.

Luego de devastar Europa y asesinar millones de seres humanos indefensos; políticos, arquitectos, generales y empresarios del Tercer Reich de Adolfo Hitler, alegaron inocencia. Justificaron que habían actuado más que por convicción, por órdenes emitidas bajo el imperio de la ley en una nación en guerra.

El tribunal escuchó a 240 testigos y procesó 300 mil evidencias. Entre 24 acusados, condenó 12 a muerte, siete a prisión y otorgó tres indultos. Las Comisiones de la Verdad analizaron políticos y militares, que ejecutaron acciones violatorias de los derechos humanos, siendo oportunamente sometidos a la Justicia.

Mu-kien, Yunén, Chez Checo, Manolo y Minú Tavárez Mirabal, aportan razones para reconstruir el mérito y sancionar conductas reñidas con la ley y la ética pública.