El involucramiento de miembros del Congreso Nacional en la red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada por la operación Falcón pica y se extiende luego de que Yeni Berenice Reynoso, Directora de Persecución de la Procuraduría, anunció que solicitará a la Suprema Corte que designe un juez instructor especial para comenzar a instruir el proceso contra “varios” legisladores que serán encartados en el expediente.

Hasta ahora se conocen los nombres del diputado del PRM Nelson Marmolejos Gil, a quien el cabecilla de la red habría financiado la campaña electoral completa, y el diputado del PRD Héctor Féliz Féliz, al que acusan de intentar ayudar a evadir la persecución de la justicia a uno de los principales implicados.

Pero como Yeni Berenice dijo “varios” se dispararon las especulaciones, pues se teme que haya mas legisladores involucrados en la red desmantelada, que distribuía cocaína desde el 2012 (2,500 kilos semanales), pero no fue hasta el 2017 cuando se empezó a darle seguimiento a sus operaciones. Nadie se soprendería si así fuera, dada la ausencia de mecanismos institucionales rigurosos y efectivos que permitan regular el financiamiento que reciben nuestros políticos en campaña y de quién lo reciben.

Por eso es tan importante que en este proceso prevalezca el “caiga quien caiga” y que sean los propios partidos involucrados que lo enarbolen, como ya hizo el PRM, pues así será más fácil llevarlo “hasta las últimas consecuencias”. Si así termina esta historia, tendríamos razones para celebrar.

Pero no esperemos que no vuelva a repetirse mientras los partidos sigan sin someter a los candidatos que postulan a una depuración rigurosa que ahorre a sus electores sorpresas desagradables, lo que no debe ser tan difícil si lo acompaña la voluntad y el deseo de hacer las cosas de manera transparente.