Ninguna persona puede ser sometida a procesos vejatorios

Husmear, revisar, encontrar pedazos de vida ajena, retazos de instantes trascendentes. Buscar el cuerpo del delito entre gavetas que guardan secretos, acopio de vivencias familiares, sin ningún sentido para los otros. Las fotos de la primera comunión de una nieta, el retablo con la virgen que olvidó el milagro.

La cotidianidad expuesta con todas sus vergüenzas. Desde el primer diente del hijo, el mechón de cabello de alguien, el pétalo amarillento de la flor seca del primer amor. El manuscrito ajado, el pañuelo con las lágrimas que el dolor o la alegría producen. La última radiografía, el recorte de periódico, el vaso con la prótesis dental.

Durante mis años de trabajo como miembro del Ministerio Público, acometer una visita domiciliara era una de las tareas más retadoras. El allanamiento expone los límites éticos, enfrenta la necesidad de indagar con la intromisión en la intimidad.

El trabajo se realizaba entre rubor, el deber y la decisión de no violentar derechos. El arma, los objetos sustraídos, aparecían en lugares inauditos que la pesquisa permitía descubrir.

Todavía muchos recuerdan la época de culatazos y agobio, anterior a la Fiscalía presidida por Julio Ibarra Ríos. El registro que levantaba de la cama a pescozones, acorralaba familiares, que veían la guata de los colchones cubrir el espacio. El temor impedía escuchar la petición de auxilio y amortiguaba el sonido del disparo.

Quedaba en los pasillos del Palacio de Justicia, como advertencia, el mísero trajinar de Tucídides. Aquel fiscal cuya presencia no impidió el asesinato de Amín Abel Hasbún. Quizás nunca olvidó los gritos de Myrna Santos, pidiendo clemencia, suplicando que no permitiera el hecho.

El “fiscal del pueblo” cuidó con esmero la vigencia de los derechos. Se intentaba enmendar las violaciones que produjeron desapariciones, torturas, ocupación de vivienda a cualquier hora, muerte, encierros.

Entonces, durante el allanamiento, garantizar la integridad de las personas era fundamental. Fue una época de aprendizaje continuo, de intentar la preservación del debido proceso. Las funciones se ejercían sin atropellos, a pesar de resquemores políticos y sinrazón.

Inconcebible resulta ahora la intemperancia y arbitrariedad en los allanamientos. Los ejecutantes conocen el efecto de la coerción, también identifican quiénes pueden llamar a un medio de comunicación y quienes no.

Esos indolentes representantes del Ministerio Público están convencidos que sus excesos son bienvenidos. Soberbios, agreden sin motivo ideológico, como otrora. Amparan el abuso de poder en los fusiles que acompañan su trabajo y en el respaldo irresponsable que no distingue entre el trigo y la paja.

La nocturnidad es excepcional en un allanamiento, cuando se concede es “a fin de resguardar el espacio familiar de las personas investigadas y la privacidad de la diligencia”. Sin embargo, en virtud del permiso, la ejecución del allanamiento luce robo agravado con nocturnidad, rotura de puertas, escalamiento, violencia, secuestro.

A pesar de la orden que autoriza la trasgresión de horario, el objetivo es maltratar, ignorando derechos fundamentales. La indefensión del otro los excita y envalentona y el sadismo aprieta los grilletes, amenaza.

La intransigencia reina. El ejecutor no oye, embiste impasible. Perturba la vecindad. Todo está permitido. Cada violación a las normas provocará aplausos. Y si un gatillo cede y el acaso produce un homicidio será la mano de Dios castigando a los corruptos, condenados en la plaza pública.

Nadie es penalmente responsable por el hecho de otro. Ninguna persona puede ser sometida a procesos vejatorios. Más todavía, cuando ocurre una detención la persona tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares y abogados.

Redivivo un capítulo triste de la historia represiva criolla. Momento que crea la impotencia, esa que permite la degradación del ser humano, como dice la escritora Herta Mueller- Premio Nóbel 2009-.

Denunciar o callar es el dilema. Entre la espada y la pared, el silencio no es miedo ni conveniencia. Hoy, para algunos, de nada sirve la palabra.

Empero, es importante recordarles a esos integrantes del Ministerio Público que cuando el Estado propicia el irrespeto a la dignidad de las personas, la institucionalidad peligra.

Cuando el Estado propicia el irrespeto a la dignidad de las personas, peligra la institucionalidad