Brasilia.- La Policía brasileña destapó hoy un nuevo caso de corrupción, ahora centrado en el trasvase del río San Francisco, que implica a empresas investigadas por el escándalo en la estatal Petrobras, uno de los detonantes de la crisis que acorrala a la presidenta Dilma Rousseff.
Las autoridades explicaron que en una operación realizada hoy en Brasilia y en los estados de Río de Janeiro, Sao Paulo y Ceará han sido detenidos cuatro directivos de empresas vinculadas a un fraude que, hasta ahora, se calcula en 200 millones de reales (unos 52,6 millones de dólares).
Las empresas implicadas son las constructoras Galvão Engenharia, OAS, Barbosa Mello y Coesa, ya salpicadas por el escándalo que aún se investiga en la estatal Petrobras, en la que una red integrada por compañías privadas y políticos cometió fraudes calculados por la propia petrolera en unos 2.000 millones de dólares.
“Hay fuertes indicios de sobreprecios en los contratos y también de operaciones de lavado de dinero y otras irregularidades”, declaró el superintendente de la Policía Federal en la ciudad de Recife, Marcelo Diniz, responsable del caso. Diniz reconoció que, cuando se constató que empresas vinculadas al escándalo en Petrobras aparecían también en este asunto, fueron “cruzadas algunas informaciones” con las autoridades judiciales que investigan la corrupción petrolera.
El portavoz policial dijo que por ahora la investigación está “centrada sólo en el núcleo económico y financiero” y todavía no ha avanzado en el frente político que pudiera estar asociado a esas irregularidades. No obstante, aclaró que la Policía Federal “ahora quiere saber de la eventual participación de funcionarios públicos y políticos que puedan estar implicados en esta trama».
Otro de los investigados por este nuevo escándalo es el cambista Alberto Youssef, actualmente en prisión y condenado a ocho años y cuatro meses de prisión por su participación en la red de corrupción que operaba en Petrobras.
Según las autoridades, en el caso del trasvase del San Francisco Youssef cumplió un papel similar al que desempeñó en las corruptelas en Petrobras y ayudó a blanquear el dinero que era obtenido mediante los fraudes en los contratos para las obras del trasvase. Youssef fue un personaje clave en el escándalo de Petrobras y su colaboración con la justicia a cambio de una reducción de pena guió buena parte de las investigaciones.
El cambista incluso declaró ante la Policía, y lo reafirmó ante una comisión del Congreso, que tanto Rousseff como su antecesor y padrino político Luiz Inácio Lula da Silva “tenían conocimiento” de las corruptelas en la petrolera, pese a que admitió que no podría probarlo.
En los testimonios que ofreció a la justicia, Youssef también confesó que una de sus tareas era distribuir parte del dinero que se obtenía con la corrupción en Petrobras y que uno de los beneficiados fue el Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenecen Lula y Rousseff.
Según el cambista, al menos en una ocasión le entregó 800.000 reales (unos 210.600 dólares) en efectivo al ahora extesorero del PT Joao Vaccari Neto, quien ha sido condenado a 16 años de prisión por su participación en la red de corrupción petrolera. Las obras en el río San Francisco comenzaron en 2007, durante la gestión de Lula, pero aún no han concluyen y sus costes han ido creciendo con los años.
El proyecto fue calificado por Lula en la época como el inicio de una “revolución” para la empobrecida región noreste del país, en la que él nació y que abandonó con su familia aún siendo un niño para “no morir de hambre”, como dice siempre que recuerda su infancia.
En su momento, se calculó que costaría 5.000 millones de reales (unos 1.315 millones de dólares hoy) y que sería concluido en unos cuatro años, pero los sucesivos atrasos han elevado ese presupuesto hasta 8.300 millones de reales (2.184 millones de dólares).
El proyecto contempla la construcción de 720 kilómetros de canales para llevar agua a una extensa, árida y empobrecida región del noreste de Brasil, que sufre agudas y persistentes sequías.
El río San Francisco es el tercero más caudaloso del país, discurre por unos 3.000 kilómetros y las obras para el trasvase fueron resistidas por campesinos y pescadores que viven en sus márgenes y han denunciado el posible impacto ambiental del proyecto, con apoyo de organizaciones ecologistas.