El obispo de la diócesis de San Juan, monseñor Tomás Alejo Concepción, favoreció ayer la realización de un estudio medioambiental y de impacto social, que determine la factibilidad de que sea explotada la mina de oro ubicada en El Romero, en esa provincia.

Sin embargo, 19 sacerdotes tanto de San Juan, como de Azua y Elías Piña manifestaron total oposición, tras advertir al presidente Luis Abinader sobre “las consecuencias nefastas para la salud y la vida de esa zona del país”.

Posición obispo Concepción

El obispo Alejo Concepción dijo que lo más sensato es hacer el estudio que determine si la mina debe explotarse o no, si beneficia o perjudica.

Propuso además, realizar un diálogo abierto donde confluyen todos los sectores y debatan el tema con el rigor que amerita, porque está seguro que si el estudio revela que no es factible la mina, por los daños que ocasionaría la extracción de ese oro, cree que todos los sectores mostrará su oposición de forma resuelta, comenzando por el presidente Abinader.

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Concepción afirmó que el mundo y la ciencia han avanzado lo suficiente para poder determinarla factibilidad de esa iniciativas.

“La lógica lo que manda es que, si los estudios científicos dicen que no se puede, pues no se puede, aunque diga el Gobierno, aunque diga quien diga . No se trata de que fulano diga que sí y que fulano diga que no, porque entonces se convierte en una tiranía de grupos de bandas, uno que defiende y uno que ataca”, expresó el obispo, luego de participar de una reunión entre sacerdotes y miembros de la sociedad civil de San Juan.

Sacerdotes opuestos

No obstante, 19 sacerdotes de Azua, San Juan y Elías Piña manifestaron su rechazo y oposición a que el Gobierno autorice la explotación de la mina El Romero, por parte de la empresa canadiense Goldquest, por entender perjudica la salud y la vida en esa parte del país.

“Hacemos un llamado oportuno al presidente Abinader, de que se abstenga de otorgar el permiso de explotación minera del Romero, cuyo interés está en las entrañas hambrientas de oro de la empresa minera GoldQuest, a costa de la vida y salud de una región”, advierten los sacerdotes católicos, un documento que fue leído durante el encuentro.

Los líderes católicos señalaron que la Constitución ordena a los poderes públicos proteger las cuencas altas de los afluentes y la biodiversidad y que sería contrario a la Carta Magna permitir una explotación minera justo en la cuenca del río San Juan.

Los ministros aseguraron que San Juan renuncia a ser un municipio minero y quiere seguir como el Granero del Sur, “con sus negras tierras fértiles, bañadas e irrigadas por el agua de los canales José Joaquín Puello, Hato del Padre-Santomé y San Juan”.