Por lo que he leído en los periódicos no soy el único que no quedó convencido ni satisfecho con las explicaciones ofrecidas por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Luis Henry Molina, para defender y justificar su política de protección de datos, que asegura no limita el libre ejercicio del periodismo, con lo que sigue no estando de acuerdo la Sociedad Dominicana de Diarios, que insiste en que la disposición sí compromete y obstaculiza el buen trabajo periodístico. Ayer se sumó a ese rechazo Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, al opinar que la disposición ayudará a invisibilizar frente a la sociedad dominicana a los infractores de la ley, sobre todo a los corruptos, generando impunidad y mayor corrupción.
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Según lo expresado por el movimiento cívico en un comunicado, con esa medida se pretende invertir el principio de que la regla es la transparencia y la privacidad es la excepción. ¿Por qué de repente es tan importante para la Suprema Corte de Justicia hacer prevalecer esa privacidad por encima de la transparencia que debe normar procesos judiciales que por definición son públicos, orales y contradictorios?
Al igual que Participación Ciudadana, creo que los principales beneficiarios de esa política de ocultamiento de datos son los procesados por corrupción, que si nos fijamos bien son los favoritos de nuestros jueces, los que merecen toda su consideración, empezando por la observación rigurosa del debido proceso, del que ni siquiera han oído hablar miles de presos preventivos que se pudren en nuestras cárceles sin que eso le importe o preocupe a nadie.
Por eso creo también que este intento de imponer una política de ocultamiento y opacidad es una forma retorcida y perversa de tratar de consolidar la jurisprudencia de la corrupción de la que tanto se queja, entre la rabia mal contenida y la impotencia, Yenni Berenice Reynoso, lo que permitiría llevar la impunidad al siguiente nivel.