El vocero del oficialista PRM en la Cámara de Diputados, Julito Fulcar, insiste en su maniqueo argumento de que quienes se oponen a un juicio político a los miembros del pleno de la Cámara de Cuentas por alegadas faltas graves durante el desempeño de sus funciones se oponen también a la transparencia.

El legislador volvió a la carga en la sesión del pasado martes, donde tomó un turno para criticar a la oposición por resistirse a seguirle la corriente a la bancada oficialista y su decisión de hacer saltar de sus cargos a los miembros del órgano de control, reprochándole que prefiera que continúe sumido en la inoperancia y el descrédito tratándose de una institución fundamental para la transparencia y el buen uso de los recursos públicos.

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Pero siguen faltando los votos necesarios para que pueda concretarse ese objetivo, que el cierre de la legislatura, el próximo 26 de julio, hace ver cada vez más lejano. En los corrillos congresionales se ha estado hablando de pedirle al presidente Luis Abinader que prorrogue la legislatura para conocer, además del juicio político a la Cámara de Cuentas, el llevado y traído Código Penal, cuya aprobación arrastra un vergonzoso retraso, pero ni en uno ni en otro caso parece haber el consenso, la voluntad política necesaria, para que se aprueben, por lo que sería una pérdida de tiempo, esfuerzos y recursos.

Y eso lo sabe perfectamente el vocero perremeísta en la cámara baja, lo que hace más difícil de entender el empeño de la bancada oficialista por reemplazar a sus miembros por una vía tan sospechosamente expeditiva, exponiéndose además a una derrota congresional a manos de la oposición. Que, por cierto, insiste en que el verdadero interés detrás del juicio político es la conformación de una nueva Cámara de Cuentas hecha a la medida que permanezca más allá del 2024, y conociendo a nuestros políticos y su capacidad para la mentira y el ocultamiento no es muy difícil adivinar porqué y para qué.