ADP debe recapacitar: sus huelgas son ilegales

Aunque el sistema nacional de educación responde a un liderazgo oficial que prefiere el bajo perfil en desmedro de la presencialidad que tanto conviene a los ejercicios de autoridad, en este país está faltando de un tiempo a esta parte que desde el poder se esgrima la ley contra el daño enorme que causan a la sociedad las paralizaciones de docencia por un luchismo gremial que insiste en el recurso de la huelga hasta por insignificancias privando de la enseñanza y del programa de alimentación escolar a cientos de miles de estudiantes de escasos recursos, un comportamiento que ya mueve a protestar a núcleos organizados de los padres de familia de extracción humilde. Como si el aprendizaje de calidad y permanencia para esta nación solo fuera un derecho para la gente de buen ingreso.

Una sistematicidad de graves daños a una extensa población infantojuvenil vista con indiferencia e inacción hasta por el Partido de la Liberación Dominicana de presencia dominante en la gremialidad que choca con la ley. Censurable que una organización que se reputa sensible a situaciones aparentemente adversas al pueblo y de tribuna diaria para criticar al Gobierno parezca no mirar hacia las rachas huelgarias de ADP a cuyos paros y asambleas en horas laborables la reputada, autorizada e independiente organización de la sociedad civil Educa atribuye haber causado en el 2025 el 36.6% de las horas de clase que se perdieron en escuelas públicas.

Para la Constitución y leyes adjetivas dominicanas, incluyendo la número 41-08 de Función Pública, el que ADP sacara de aulas a cerca de millón y medio de estudiantes privándolos de enseñanza en el 2024-2025, es absolutamente punible aunque al Gobierno le falta valor per- sonal para sustraerse de sus debilidades populistas y al PLD el necesario respeto a la sociedad. Está certificado que la negación de docencia puede costar al Estado en un solo día centenares de millones de pesos. El castigo más de orden (y que no se les aplica negligentemente) es la terminación ipso facto de los contratos de trabajo de los huelguistas.