El cambio climático cobrando presencia

El calentamiento global que afecta la zona del Caribe, llevando a los fenómenos atmosféricos a ser más devastadores, impredecibles y reacios a circunscribirse a temporadas, obliga a la República Dominicana a crecer institucionalmente para enfrentar las calamidades derivadas de las exacerbaciones de la naturaleza. A reforzar capacidades de prevención y y mitigación para situarse a la altura de una siniestralidad multiplicada.

Comenzando por dar carácter verdaderamente obligatorio a las normas ya existentes, y hasta de sentido común, que proscriben asentamientos humanos en los lugares de vulnerabilidad extrema, como orillas de ríos, arroyos y cañadas, drenajes, desniveles inundables y sobre precipicios que el desmadre de lluvias empuja a lo peor; una anormalidad habitacional bastante extendida que requeriría soluciones mixtas que incluyan progresivas evacuaciones y trabajos de ingeniería que reduzcan peligrosidades con bajos presupuestos en sitios específicos.

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Severas insalubridades dejaron de ser máximo peligro para miles de habitantes de Santo Domingo rescatados de aguas contaminadas en sectores como Marañón, El Cachón, Villa Marina y sobre todo el emblemático conglomerado de pobreza que ha sido Guajimía. Recubrimientos de hormigón anularon extendidos focos de infección en esos lugares.

Admítase que los puentes y carreteras que en cada período de lluvias excepcionales han colapsado, estaban al margen de verificaciones regulares para detectar y corregir riesgos aplicando mantenimientos que garantizaran resistencia.

Además, millones de dominicanos residen y transitan por ciudades con agudos déficits de infraestructuras de drenaje que impidan la acumulación en superficie del agua que desciende de las nubes. Por el Estado han pasado administraciones decididas a invertir lo menos posible en obras que aun siendo imprescindibles para una vida ordenada están fuera de la vista. Sembradas bajo tierra como son las alcantarillas para lluvias y fines sanitarios. Millonarios gastos publicitarios que conceden prioridad en cada época a ejecutorias de mucha visibilidad confirman la propensión al exhibicionismo y al relumbrón. No a la eficiencia.

Penósamente, y a pesar de recomendaciones dictadas por la razón, las gestiones de Estado se abstienen de proteger las instalaciones costosas de que dotan al país con pólizas de seguro —como se estila en otras latitudes— para garantizar retornos y reposición de lo destruido tras desastres naturales.

Un paso de avance hacia la preservación a todo trance de recursos extraídos con impuestos a los ciudadanos. Lo mismo vale para el sector agropecuario hacia el cual no acaba de generalizarse el amparo que compense de pérdidas de cosechas por inclemencias del tiempo y por fortuitas plagas y sequías.