Inequidad en los poderes también
El escenario parece haber sido preparado para que la hegemonía del Poder Ejecutivo se imponga en la composición del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). La herramienta para viabilizar tal propósito sería la activación de un voto calificado que daría al Poder Ejecutivo facultades para romper un empate en la conformación de dicho Consejo, que consta ahora de ocho miembros por la inclusión del Procurador General de la República, que es ficha del tablero del Poder Ejecutivo.
La deducción tiene que ver con las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo a la Ley Orgánica del CNM a finales de febrero y su acogida de urgencia por el Senado. Ahora es mayoría simple la necesaria para conocer las observaciones del Poder Ejecutivo, y en las circunstancias actuales esa mayoría simple responde a los intereses políticos de ese poder del Estado. El voto calificado se encargaría del resto.
En una democracia, los instrumentos y procedimientos del aparato jurídico deben estar diseñados para preservar la equidad y para evitar que un interés particular o de grupo pueda asumir el control de determinaciones institucionales. Que un poder del Estado tome hegemonía en el CNM significa que la tomaría en otras instancias sumamente importantes, cuyos miembros deben ser escogidos por dicho Consejo. Sería indeseable para la equidad democrática.
Combustibles y presión fiscal
La carga impositiva de los combustibles es excesiva, si se toma en cuenta su influencia sobre los precios de bienes y servicios y los costos operativos del transporte, la industria y el comercio.
Los impuestos para las gasolinas premiun y regular, el gasoil de las mismas denominaciones y el gas licuado de petróleo son una proporción muy alta del precio final de venta y superan con mucho los que se paga en otros países del área.
Una explicación para una carga tributaria tan alta es que los gobiernos han procurado compensar por esta vía su incapacidad para aumentar los ingresos por otros medios menos onerosos para la población. Se trata de una política de consecuencias negativas para la economía y con efectos sociales lamentables. El esquema de gravamen de los derivados del petróleo sin duda necesita una profunda revisión.
