La lucha por Bayahíbe

Me declaro parcial porque soy de San Rafael del Yuma, provincia La Altagracia, serie 085 y este artículo defiende de manera explícita la pertenencia de Bayahíbe a mi demarcación.

Bayahíbe no es un simple atractivo turístico ni una ficha más en un tablero políticoes el lugar donde nacieron y descansan mis raíces.

Fundado en 1874 por Juan Brito y su familia, pescadores llegados desde Puerto Rico, creció como un pueblo : de marineros y cazadores que supo forjar una identidad ligada al litoral sur del municipio de San Rafael del Yuma.

Esa vocación histórica y geográfica no se borra con iniciativas legislativas.

La controversia reciente tiene forma y expediente. El pasado septiembre, el legislador Wandy Batista depositó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que pretende incorporar al Distrito Municipal de Bayahíbe al municipio y a la provincia de La Romana. La propuesta alega que hubo un “error geográfico” en la división territorial de 1961 y enumera parajes que, según sus proponentes, acabarían bajo la jurisdicción romanense.

Quien lea el expediente con rigor periodístico debe observar dos hechos incontrovertibles: primero, la demarcación administrativa vigente ubica a Bayahíbe como distrito municipal adscrito al municipio de San Rafael del Yuma, provincia La Altagracia; y segundo, esta no es una iniciativa novedosa, pues por años la idea ha reaparecido en la agenda legislativa y mediática, siendo reintroducida por representantes romanenses en más de una ocasión.

Lo que nos indica que este historial de reaperturas convierte el asunto en un pulso, no en un debate puntual.

A la hora de ponderar argumentos, hay que separar lo técnico de lo legítimo. Técnicamente, hay quienes sostienen que la cercanía geográfica y los vínculos laborales de muchos bayahibenses con La Romana hacen más eficiente la gestión desde esa provincia.

Es un argumento pragmático que apela a la movilidad cotidiana: jóvenes que estudian en La Romana, servicios privados que se prestan desde allí y una actividad turística que tiene flujos entre los polos turísticos del este.

Pero la administración pública no puede ser reducida a la mera eficiencia logística si ello implica desbastar la memoria colectiva, sangrar presupuestos municipales y despojar a una población del derecho a definirse y administrar su propio destino.

Lo que está en juego va más allá de una línea en el mapa: es la redistribución de ingresos, el control de terrenos y la posibilidad de que grupos empresariales —con intereses en desarrollos turísticos y plusvalía inmobiliaria— reconfiguren el poder local a su favor.

No es conspiratoria señalar que los reclamos administrativos suelen coincidir con intereses económicos; en el caso de Bayahíbe, la presión para redefinir fronteras debe mirarse con lupa por el posible beneficio privado que acarree. Los residentes de Bayahíbe siempre han mostrado reticencia a ser “adjudicados” a La Romana precisamente por temores a que esos intereses primen sobre la comunidad.

Desde una perspectiva de política pública, la decisión debería pasar por procedimientos claros: consulta popular vinculante en la demarcación afectada, estudio técnico de impactos fiscales y sociales, y garantías de que los derechos de los pobladores, incluida la titularidad y protección de espacios comunitarios y cementerios locales, queden inviolables.

No es admisible que un cambio de esta magnitud se someta a la dinámica de una mayoría legislativa sin mecanismos de legitimación local. La democracia territorial exige participación, no decisiones impuestas.

Permítanme añadir el factor humano y personal que da a este debate un matiz moral irrebatible. Los apellidos de mi padre son Mota Brito; mi familia paterna ha vivido en Yuma y Bayahíbe por generaciones. Mi abuela paterna, María Brito Rijo, yace en el cementerio de Bayahíbe; allí reposan también mis antepasados.

Ese territorio guarda identidades, nombres y recuerdos que un trazado administrativo temporal no puede neutralizar. Para muchos bayahibenses, perder la adscripción a La Altagracia no sería sólo un cambio de oficina: sería sentir que les arrebatan una parte de su historia.

Como periodista, como descendiente bayahibense, como yumero y altagraciano por sangre y territorio, considero que el criterio decisorio debería priorizar la voluntad informada de los pobladores y la protección del bien común sobre intereses sectoriales.

Si existe la convicción legítima de que la gestión será mejor desde La Romana, que se pruebe en los foros correspondientes con estudios de impacto, participación ciudadana y transparencia; pero que no se utilice la retórica del “error geográfico” para justificar el traslado de un distrito cuyo arraigo histórico y social está claramente vinculado a La Altagracia.

La resolución de esta pugna exige, por tanto, honestidad institucional y sensibilidad por las raíces de un pueblo. Bayahíbe no es mercancía administrativa; es comunidad, memoria y futuro. Y m