En la más reciente investigación realizada junto al economista Francisco Tavárez Vásquez, pudimos encontrar que el gasto tributario (el ingreso por impuestos que el Estado deja de obtener) se ha situado en promedio en 5.3% del PIB en los últimos años. Solo en 2025, este sacrificio fiscal ascendió a RD$383,566 millones, monto que supera el presupuesto asignado de 10 ministerios para 2026 y supera la inversión de capital presupuestada en RD$215,284.7 millones.

En gran medida, el gasto tributario al sector privado beneficia no a todo el tejido empresarial, cuya mayoría son MIPyMEs, sino especialmente a zonas francas, generadores eléctricos, turismo, rentas de negocios financieros, así como a suplidores, contratistas y constructoras del Estado. Estos beneficios persisten sin evaluaciones de necesidad ni de costo-beneficio, y ya acumulan 1,295 millones de millones de pesos de 2008 a 2025.

Con ingresos tan bajos, la presión tributaria ronda el 15% del PIB, muy por debajo de la meta de 21.5% de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y del promedio regional (23.5%). Con esa capacidad fiscal, es imposible financiar bienestar y derechos y cerrar una brecha de desigualdad que tiene al 50% de la población dominicana accediendo apenas al 4.6% de la riqueza, mientras el 10% más rico se beneficia del 59.5% y el 1% de más arriba disfruta del 24.9%...Esto es ¡6 veces más que toda una mitad de la población!

Es en esto donde radica la ausencia de servicios esenciales dignos, la seguridad y las condiciones de vida que se admiran en todo país medianamente desarrollado, y donde se encuentra la justificación para “privatizar” áreas y actividades básicas porque, supuestamente, los recursos “no dan”.

La otra cara es que el hoyo de ingresos se tapa violando la ley sobre indexación al impuesto al salario y cerca de 400 mil trabajadores y trabajadoras están pagando impuestos de más; un 60% de ingresos en impuestos al consumo de bienes y servicios (como el ITBIS); y una deuda del Gobierno que ya supera los 60 mil millones de dólares, casi un 47% del PIB, cuyo pago drena más aún los recursos disponibles y su gran beneficiario es la industria de bonistas privados que son casi el 80% de los acreedores, incluyendo bancos y AFP.

Esto se tiene que resolver con una reforma fiscal en serio. El discurso de “achicar el Estado” es una falacia en un país donde su rol ha sido llevado casi al mínimo y no por eficiencia, sino para beneficio de unos pocos actores concentradores de riqueza y mucha influencia.

Tampoco es sostenible la consigna de “a menos impuestos, más empleo”, cuando cada empleo sostenido en el sector de zonas francas implicó un costo en privilegios impositivos de RD$197.1 millones y de $61 millones en turismo, y a cambio los trabajadores reciben salarios por debajo de la línea de pobreza. Es la sociedad y la clase trabajadora subsidiando ganancias exorbitantes, trabajo precario, y pagando el faltante con impuestos excesivos y endeudamiento desbordado.

El peor de todos los gastos es el tributario administrado tal y como está, e indica que una reforma fiscal integral se hace urgente, con sentido de Estado, revisando cada medida de acuerdo a su pertinencia y efectividad, y asegurando los recursos para los derechos que dispone la Constitución y los objetivos que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Un país con orden, bienestar y desarrollo no se puede lograr en el desguace ni complaciendo intereses grupales. Se alcanza con normas justas, transparentes y parejas, invirtiendo donde se debe y con un Estado funcional, eficaz y presente.