Incentivos tributarios para los paneles solares representan un costo de US$250 millones para el Estado en la última década

La proliferación de paneles solares les está costando a las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) casi US$90 millones por año y con gran potencial de crecimiento.

Ese costo se debe a tres aspectos: el autoconsumo (los clientes dejan de abastecerse de la red de las distribuidoras), el no cobro de potencia a una gran parte de los clientes y que a los clientes de paneles se les está sobrepagando por la energía que inyectan al sistema.

El dato aparece en el estudio “Paneles Solares en los Sistemas Eléctricos: Estudio sobre la Generación Distribuida y su Impacto en las Finanzas Públicas”, elaborado por la firma Ecomod Business Consulting, liderada por el economista Magín Díaz, con la colaboración del consultor internacional Jerónimo Roca, experto en políticas públicas.

Señalaron que los incentivos tributarios para los paneles solares en solución individual, incluidas exoneraciones de impuestos a la importación y créditos fiscales, han representado un costo aproximado de US$250 millones en la última década para el Estado y los contribuyentes.

De ese monto, US$132.9 millones corresponden al impuesto sobre la renta (ISR), US$42 millones a arancel y US$71.9 millones a Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (Itbis).

El número de clientes de paneles solares pasó de 112 en 2012 a casi 13,700 en agosto de 2023 y y la capacidad instalada pasó de menos de 2 megavatios a 324 megavatios, señalaron.

Plantearon que, en vista de esa situación, país precisa de cambios normativos urgentes para que la generación distribuida – mayormente compuesta por soluciones de paneles solares individuales- continúe desarrollándose, pero con una distribución más equitativa de los costos que este segmento del abastecimiento eléctrico implica.

Resaltaron que el costo-beneficio de la instalación de paneles solares es negativo, debido a que la menor emisión de CO2 no compensa el gasto tributario en que incurre el gobierno.