Edwin Espinal Hernandez 
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De Almonte murió en 1807 en su fundo principal en Río Grande y conforme el inventario de sus bienes, entre ellos se hallaban pesos de terreno en puestos de rancho y monterías en Río Grande, Rancho Arriba, el paso de Román, Crebra [sic] Grimosa y la boca del arroyo del Huevo; 100 cerdos de crianza, dos caballos, una mulilla, un burro, un cafetal, un platanal, un negro “medio lisiado” de nombre Pedro; una mulata de nombre Petronila y una mulatica de nombre Ramona. Nada menos que tres esclavos, quienes ostentarían esa condición hasta 1822, cuando la esclavitud fue abolida por Jean Pierre Boyer.
Le sobrevivieron su esposa Juana de los Angeles y sus hijos Pedro, Ursula, Lorenzo, Simón, Benedicto, Blas Josefa [sic], Josefa Felipe [sic] y Marco, quienes acortaron su patronímico a Almonte. De estos hijos, Blas era mayor de edad en 1745, cuando el escribano Francisco Hurtado le extendió una copia del acto de venta de El Huevo de 1724.
En 1862, Ramón Almonte, residente en Quinigua y como apoderado de Blas, Benedicto, Josefa y Celedonia Almonte, residentes en Río Grande, Puerto Plata, conforme poder auténtico que le otorgaron en 1854, depositaron el amparo real conferido a su ascendiente por ante el notario santiaguero Narciso Román, quien les expidió una copia certificada, resguardándolo así de cualquier pérdida o destrucción.
Pero el archivo de Román desapareció como producto del incendio de Santiago en 1863; fue así como su compulsa sirvió a los herederos de Blas de Almonte como título matriz para ventas y entregas a parientes de pesos de terreno en La Escalera, El Huevo, Río Grande, Boca de Río Grande, Gajo de los Chivos y Boca de la Quebrada Sucia – este último sitio en Bajabonico – entre 1874 y 1896, otorgadas por ante el notario de Santiago Joaquín Dalmau y los alcaldes de Bajabonico y Altamira en funciones de escribanos públicos.
En 1896, temerosa la sucesión de que la copia certificada de Román, como única constancia de sus derechos, se extraviara e inutilizara como sucedió con el documento original, fue depositada por su encargado Gavino Pichardo, nieto de Blas de Almonte hijo, en el archivo del notario Sebastián Pichardo, de Santiago, para que les expidiera copia de ella “en buena forma”.
Gavino Pichardo sería delegado por la sucesión mediante poderes otorgados en 1897 por ante el notario Joaquín Dalmau y el alcalde constitucional de Altamira en funciones de notario público, José Secundino Mañón, para realizar nuevas operaciones.
Todavía en 1920, más de 180 años después de otorgado el amparo real y más de cien años transcurridos desde el fallecimiento de Blas de Almonte, sus descendientes, representados entonces por el Lic. Miguel Joaquín Alfau, poseían propiedades en Río Grande.
Su caso es ilustrativo de la persistencia de un apellido en una zona geográfica determinada, del reconocimiento que tenía su extensa descendencia de su origen común y de la importancia de los terrenos comuneros como sistema de propiedad inmobiliaria que, surgido en la época colonial, se prolongó hasta la misma Tercera República.
Instituto Dominicano de Genealogía
