SEBASTIÁN DEL PILAR SÁNCHEZ 
El lunes 30 de octubre de 1978, el jefe de la Policía Nacional, mayor general Virgilio Payano Rojas, visitó la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), por invitación de su rector, Antonio Rosario, para participar en la conferencia sobre “El Destino de América Latina”, que pronunciaría en el aula magna el excanciller chileno Gabriel Valdés Subercaseaux, pero estuvo en el recinto tan solo 15 minutos, pues se vio precisado a abandonar el evento presionado por un grupo universitario que amenazó con boicotearlo, diciendo que su presencia allí constituía una provocación a profesores y alumnos que reprochaban las acciones represivas que afectaron a estudiantes de San Francisco de Macorís, cuando desempeñó -con asiento en ese municipio- el cargo de director regional nordeste del cuerpo del orden público, durante los primeros años de la década de 1970.
Entonces, siendo coronel, cumplió rigurosamente la orden dictada por el jefe de la Policía Nacional, general Rafael Guillermo Guzmán Acosta, para que los comandantes regionales aumentaran el patrullaje en áreas urbanas y ejecutaran medidas de control sobre las actividades de masas, convocadas por organizaciones populares y grupos políticos, y así frenar probables brotes de violencia derivados del desembarco por Playa Caracoles del coronel Francisco Alberto Caamaño Denó y sus acompañantes guerrilleros, quienes procedían de la isla de Guadalupe y entraron al país el viernes 2 de febrero de 1973, con la intención de implementar en las montañas acciones armadas contra el Gobierno del doctor Joaquín Balaguer.
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Eso indujo a la Policía nordestana a atacar con excesiva arbitrariedad los actos públicos solidarios con el movimiento caamañista, hasta el punto de dejar morir en prisión -el martes 3 de julio de ese año- a un muchacho llamado William Mieses, miembro de la Unión de Estudiantes Revolucionarios (UER), lo que perturbó la comunidad francomacorisana y la involucró en un paro de actividades que exigía al Gobierno reformista la remoción del comandante regional y la adopción de sanciones ejemplarizadoras contra un teniente de apellido Amézquita, señalado como responsable de lo ocurrido al joven fallecido dentro de un cuartel policial.
Ahí surgió la actitud crítica asumida frente al alto oficial por la desaparecida Línea Roja del 14 de Junio y la causa de su posterior retiro de la UASD, tratando de evitar que la inconformidad e indignación de esa organización “se transformara en una manifestación política de protesta”, tal como se podía deducir de la advertencia hecha por el carismático presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED), bachiller Roberto Santana, a las autoridades académicas, en el sentido de que cargarían con la responsabilidad “del surgimiento de hechos realmente desagradables” si este permanecía en el recinto universitario.
El agresivo rechazo a la presencia del jefe de la Policía Nacional en la UASD no compaginaba con el aire de paz y concordia que vivía la República Dominicana tras la instalación del Gobierno de don Silvestre Antonio Guzmán Fernández, un presidente presto a cultivar buenas relaciones con las autoridades de esa casa de altos estudios, en el marco de la política de cambio que comenzó a ejecutar desde el 16 de agosto de 1978 cuando puso en retiro a decenas de militares de mentalidad trujillista y promulgó la Ley de Amnistía para presos y exiliados políticos, que mostraron nítidamente su interés en edificar una sociedad respetuosa de las libertades públicas, institucionalizada y genuinamente democrática.
Repulsa inexplicable
El grupo que rechazó al jefe de la Policía Nacional no tomó en cuenta que había sido designado en la jefatura de la institución el viernes 8 de septiembre de 1978, por su adhesión al cambio democrático mucho antes de tomar posesión de su cargo, y por ser el oficial apropiado para implementar una política de despolitización y saneamiento de esa institución mediante la depuración de su nómina, para separar aquellos miembros con ataduras partidistas o que incurrieron en actos delictivos y excesos en el desempeño de sus funciones.
Conseguir ese objetivo iba a depender de su disposición a realizar una gestión sin encubrimientos ni cadena de complicidades, lo cual requería fuerza y valentía para cortar los eslabones de contubernios y poner al desnudo los delitos cometidos por oficiales y alistados, dejando atrás la costumbre de que los jefes tapaban sus faltas, temerosos de que les cayeran encima y ensuciaran sus hojas de servicios.
La entidad promotora del rechazo al jefe de la Policía solo se enfocó en condenar su desempeño policial durante los días difíciles de la guerrilla caamañista y, por tanto, omitió su rol de maestro de escuela en el municipio de Castillo (su lar natal) y su condición de profesional forjado en las aulas universitarias, donde entró siendo raso en 1952 y se graduó cinco años más tarde como doctor en Derecho.
Posiblemente ignoraba que su visita a la UASD el 30 de octubre de 1978 reciprocaba la que dos días antes hizo a su despacho en el Palacio de la Policía el rector Antonio Rosario, quien ofreció una charla a la oficialidad uniformada sobre el papel de la educación universitaria en la sociedad dominicana, como parte de la campaña de armonización entre ambas instituciones, puesta en marcha por el propio presidente Guzmán el 28 de febrero anterior, cuando se convirtió en el primer mandatario en 48 años en pisar el perímetro universitario, con su participación en la celebración del 440 aniversario de la fundación de ese centro docente, efectuada en el anfiteatro al aire libre construido frente al antiguo edificio de la Rectoría.
El jefe del Estado encabezó allí el acto de investidura de 706 nuevos profesionales, donde premió al estudiante de agronomía Franklin Rosa, Summa cum laude, quien logró el galardón denominado “Profesor Andrés Guillermo Vloebergh Belat”, que honró la memoria del creador (en 1962) del primer plan de estudios de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias de la UASD, considerado padre y maestro de la moderna agronomía en República Dominicana.
La presencia del mandatario en ese evento fue elogiada por el periódico El Nacional en su editorial del 30 de octubre de 1978, al señalar que “parece consagrar definitivamente el inicio de una saludable era de diálogo entre el Gobierno y la UASD”, ya que “Este acercamiento resulta indispensable, después de la larga etapa de monólogo en las relaciones entre el uno y la otra, que fue destacado en su discurso por el rector de la alta casa de estudios, doctor Antonio Rosario”.
El diario vespertino indicó que no era “concebible, ni obviamente provechoso, el divorcio entre las autoridades gubernamentales y la universidad estatal cuya incidencia en la vida nacional es más que ostensible, y que, por adición, agrupa a la mayor cantidad de estudiantes que aspiran a profesionalizarse”.
Añadió “que, como resultado de esta nueva política, tanto los agobios económicos que ha venido padeciendo la UASD como los problemas y diferendos de todo tipo, vayan encontrando racional y provechosa solución en beneficio del país”.
Desaprueban acción grupal
Durante la mañana del 31 de octubre de 1978, el rector Antonio Rosario lamentó que el general Payano Rojas se viera en aprietos durante la conferencia del chileno Gabriel Valdés, pero elogió el tacto exhibido por este, mientras permaneció en el perímetro de la UASD. También resaltó el interés mutuo en construir una relación de respeto, entendimiento y armonía, tras largos años de aversión y confrontación entre los miembros de ambas instituciones.
En torno al hecho editorializó ese mismo día el periódico vespertino Última Hora, al censurar la actitud sectaria de grupos de izquierda, aun cuando señaló que si bien era cierto que Payano Rojas siendo coronel “dirigió un contingente que lanzó bombas lacrimógenas o tiros para reprimir acciones tumultuosas de grupos estudiantiles, “su actuación no fue viciosa. Que, si reprimió tumultos, si enfrentó alteraciones del orden, lo hizo en el entendido de que ese era su deber. No recordamos que en ninguna oportunidad recibiera alguna pública repulsa como oficial arbitrario o abusivo”.
Recordó que el gremio estudiantil “reclamó siempre del Gobierno, al Gobierno de antes y al Gobierno de ahora, que pusiera en libertad a los presos políticos. Entre esos presos políticos había hombres que fueron vinculados en asaltos, en robos y en muertes, y en acciones terroristas de diversa índole. Este Gobierno puso a esos hombres en libertad. Llegó para ellos el olvido, el perdón de la amnistía. Y ello ha sido visto como una acción que busca la concordia, que trata de restañar las heridas de la persecución política y las heridas del terrorismo político. Quizás deberíamos pensar en amnistiar también al que dio el macanazo y al que tiró la bomba lacrimógena”.
El diario vespertino añadió que “el camino que tenemos que transitar hacia la meta de la paz social es largo y difícil. Larga y difícil es también la ruta de la concordia nacional. Pero creemos que no importa cuan largas y difíciles sean esas rutas, debemos esforzarnos en caminarlas hasta el final. Si algún día hemos de llegar a construir una nación en la que vivamos bien, con justicia, libertad y con paz, la tarea tenemos que hacerla nosotros mismos. Con nuestro sacrificio, con nuestra entrega, con nuestra tolerancia, con nuestra sabiduría, con nuestra paciencia y con nuestra lucha. No importa si somos policías o si somos estudiantes. Todos tendremos nuestro puesto en ese esfuerzo”.
Reflexión final
La gestión de casi tres años del doctor Virgilio Payano Rojas al frente de la jefatura de la Policía Nacional se puede catalogar de buena, pese al obstáculo que significó el controvertido incidente universitario o la repercusión pública del sorpresivo crimen en circunstancias desconocidas del sobresaliente folklorista e investigador René Carrasco, el día 25 de diciembre de 1978.
Ese personaje gozaba de amplia simpatía en la opinión pública que reconocía su indiscutible talento artístico, su constante empeño en el rescate del patrimonio cultural y en la formación de un ballet folklórico de categoría.
El general Payano Rojas se esforzó en mejorar su imagen, no obstante la trascendencia que igualmente tuvo durante su mandato la ejecución aleve del conocido locutor Johnny Nouel, ocurrida el miércoles el 11 de julio de 1979 en el parqueo del hotel Napolitano de la Capital, por sicarios que había contratado -por la suma de tres mil pesos- un comerciante de la ciudad para vengar la infidelidad de su esposa.
También, no obstante acaecer los sentidos asesinatos del abogado francomacorisano Francisco Enrique Chaín Jacobo y del periodista Marcelino Vega Peguero; víctima el primero de ladrones que lo asaltaron el domingo 22 de junio de 1979, en las inmediaciones del Centro de los Héroes de la Capital; y el segundo, de un tiro de carabina, accionada por el cabo policial Hilario Márquez Emiliano, mientras cubría para el periódico La Noticia una huelga de los obreros del Ayuntamiento del Distrito Nacional.
Sin embargo, esos sucesos no tuvieron carácter político, ya que los mecanismos de represión solo se activaron reiteradamente en los dos primeros años de gestión del presidente Guzmán, para detener y llevar a la Justicia a algunos exmilitares y civiles que realizaron reuniones secretas con la intención de sembrar descontento en las Fuerzas Armadas, subvertir el orden público y desestabilizar el ensayo democrático que experimentó el país luego de doce años de Gobierno de Balaguer.
Los organismos de inteligencia detectaron esa actividad sediciosa en San Francisco de Macorís, donde los gestores de un supuesto comando subversivo pusieron a circular pasquines que amenazaban de muerte al doctor José Francisco Peña Gómez, secretario general y líder del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y al secretario de Estado (ministro) de Interior y Policía, licenciado Vicente Sánchez Baret.
En ese entonces se produjo la proclama subversiva del raso de la Policía Silvestre Caba Abreu, quien el 17 de enero de 1979 penetró de manera intempestiva en Radio Guarachita, situada en la calle Palo Hincado del Distrito Nacional, a pocos pasos de la estación de bomberos de la avenida Mella, y mantuvo en cautiverio durante algunas horas a varias personas que liberó luego de conversar personalmente con el general Payano Rojas y acordar entregarse sin derramamiento de sangre.
También ocurrió el secuestro de los periodistas de Radio Comercial Negro Martínez, Rosario Tifá, Antolín Montás, Pedro Familia, Margarita Cordero, Rafael Polanco y Jesús Manuel Jiménez, perpetrado el 16 de mayo de ese año por un civil armado llamado Danilo Sánchez Pineda.
Estos fueron liberados gracias a una arriesgada acción de rescate realizada por el subdirector del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), Roberto Gobaira, que se introdujo al área de la redacción a través del techo de la emisora y enfrentó al individuo sublevado, aun cuando recibió un balazo en el pecho.
Por último, cabe decir que Peña Gómez -severo crítico de Payano Rojas cuando ocupó la dirección del Comando Regional Nordeste de la Policía Nacional, en declaraciones que dio a la prensa el 25 de noviembre de 1979, elogió su gran disciplina y consideró que no se le podía someter a críticas demoledoras por los errores del pasado, ya que lo que hizo entonces fue cumplir las órdenes desagradables del Gobierno de doctor Joaquín Balaguer.
También, que concluyó con relativo éxito su gestión en la Policía Nacional el 6 de mayo de 1981, presentando como sus principales logros haber trabajado para convertirla en una institución apolítica y constituir la Policía Femenina, además de perfeccionar la academia policial de Hatillo, San Cristóbal, y adquirir un laboratorio de criminalística, considerado uno de los más modernos del Caribe.
