Por Samuel E. Bonilla Bogaert/Alexandra Sued

El gobierno depositó ante el Senado de la República su propuesta de reforma a la Constitución. Entre otras cosas, esta busca reducir la matrícula de la Cámara de Diputados de 190 a 137 legisladores con el supuesto objetivo de eficientizar el funcionamiento de la institución. Sí, la República Dominicana tiene el segundo Congreso más grande de América Latina relativo a su población y sí, es necesaria su reducción. Sin embargo, una propuesta que solo busque reducir la matrícula de la representación y no aborde su calidad, ni los problemas históricos del sistema electoral, es una reforma cosmética que se queda corta y que tendrá poco impacto.

Una propuesta con el verdadero interés de fortalecer a la Cámara de Diputados se centraría en su eficacia y para eso habría que abordar temas verdaderamente espinosos como la regulación del dinero para el financiamiento de las campañas políticas, los topes de campaña, el rol de la Junta Central Electoral como árbitro de los procesos electorales, el método de elección de escaños, el sistema de votación, las capacidades técnicas de la propia Cámara de Diputados, la eliminación de privilegios irritantes como las exenciones, el barrilito y el cofrecito, y la legislación aún pendiente que le daría al Congreso verdadero carácter de contrapeso fiscalizador de los demás poderes del Estado. Evadir esos temas nos aleja del debate político y es lo que ha resultado en una población que desconfía de sus legisladores y de la política en sentido general.

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Una muestra de que no existe la intención de aumentar la calidad del Congreso es que este gobierno y su mayoría legislativa tuvo la oportunidad de abordar estos y otros temas relevantes con la pasada modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral y no lo hizo. La reforma constitucional les presenta una segunda oportunidad y tampoco lo están haciendo. ¿Acaso entonces existen razones legítimas para creer que la mayoría legislativa del PRM cambiará de parecer?

En un momento donde la gente no participa de la política por entenderse ajena a los procesos de toma de decisiones, una propuesta seria tiene que procurar fortalecer los lazos entre la ciudadanía y sus representantes. Por eso, uno de los elementos que genera suspicacia es el aumento de las diputaciones nacionales.

La Cámara de Diputados cuenta con tres tipos de diputados: 178 diputados territoriales que se eligen por voto preferencial en cada provincia y en el Distrito Nacional, 7 diputados de ultramar por quienes vota la diáspora y 5 diputados nacionales, escaños que obtienen los partidos políticos a partir de la acumulación de votos a nivel nacional. A diferencia de los primeros dos tipos de legisladores, los ciudadanos no votamos por los diputados nacionales. La figura del diputado nacional se creó para garantizar la representación de los partidos minoritarios.

Hoy, los diputados nacionales equivalen al 2.6% de la matrícula global. Con la propuesta, estos representarían el 14.6%. Dicho de otra manera, se reduce la capacidad de la ciudadanía de elegir a sus representantes. La propuesta le quita poder a la gente y se lo entrega a la cúpula de los partidos mayoritarios que viven de mantener intactos los problemas. De haber querido el gobierno proteger el espíritu original de la figura, la propuesta hubiese venido acompañada de una reforma al método de asignación de esas diputaciones o de una modificación al sistema electoral. Como no es el caso, el aumento de las diputaciones nacionales no es más que una manera de seguir premiando a los partidos pequeños sin vocación de poder que de cara a cada elección hacen un trabajo a cambio de espacios en la nómina pública.

Las reformas constitucionales no deben pensarse en el vacío. La reducción de la matrícula legislativa como única medida no ataca el mal de fondo que es la baja calidad de la representación. De hecho, una reducción de esta naturaleza empeora la representación porque la concentra. Más allá de ahorrarnos 53 salarios equivalentes a menos del 4% de lo que gastó este gobierno en publicidad en el año 2023, tenemos que pensar en ahorrarle al pueblo dominicano la decepción de la política vacía y deshumanizante. Si en lugar de pretender entretenernos con el ahorro de 53 salarios el gobierno se dedicara a valorar el alto costo de la concentración del poder y a fortalecer las capacidades fiscalizadoras del Congreso, estuviésemos frente a otro tipo de reforma.