La magnitud que han alcanzado las distorsiones e incoherencias del sistema de justicia dominicano indica que ha llegado la hora de que los partidos políticos y los aspirantes a dirigir el destino de la nación planteen su compromiso “para alcanzar soluciones realistas, sostenibles y eficaces para que las cárceles del país dejen de ser universidades del crimen y academias de la maldad”.
Así opinó ayer la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), a propósito de la radiografía que hizo el Defensor del Pueblo sobre la grave crisis por la que atraviesa el sistema penitenciario y que entregó a la sociedad dominicana.
La entidad de la sociedad civil dijo que, de acuerdo con ese informe, todo indica que el objetivo del sistema penitenciario, que no es otro que garantizar el cumplimiento de las penas de las personas culpables de violar la ley penal y crear las condiciones para su posterior reinserción social, cada día parece “diluirse”.
Puede leer: Jaime David pide a Leonel buscar un candidato vicepresidencial de FP para que sea vice de Abel
“Ha llegado la hora de que los partidos políticos, los aspirantes a dirigir el destino de la nación desde los más altos cargos del Poder Ejecutivo hasta las municipalidades, planteen su compromiso para alcanzar soluciones realistas, sostenibles y eficaces para que nuestras cárceles dejen de ser universidades del crimen, academias de la maldad, recintos donde la venganza es la norma y espacios desde los cuales bandas organizadas planifican muertes, asaltos y dolor en la sociedad dominicana”, agregó.
Señaló que como no son partidarios de la crítica sin compromiso, Finjus ha estado siempre al lado de las autoridades del Ministerio Público y la Dirección General de Prisiones para encontrar alternativas humanizantes, modelos sustentables y prácticas que sean coherentes con nuestra democracia y sus principios.
En ese sentido, Finjus dijo que han contribuido al análisis multidisciplinario para apoyar que las autoridades públicas y las organizaciones sociales dominicanas identifiquen las propuestas para hacer viables la readaptación de las personas en conflicto con la ley penal y permita superar los graves males señalados por el Defensor del Pueblo Pablo Ulloa.
“Como lo hemos planteado en numerosas ocasiones, el análisis del sistema penitenciario refleja que allí no tienen cabida los principios, estructuras y normas que deben caracterizar a cualquier organización social moderna en el marco de la democracia, sino que en la práctica las cárceles se han convertido en un gran depósito de seres humanos sometidos a un régimen de oprobio y sufrimiento”, subrayó la entidad.
Reiteró que es urgente rediseñar e implementar programas interdisciplinarios “que garanticen las condiciones de salud, educación y vida digna que la constitución y las leyes disponen en los recintos penitenciarios”.