Organizaciones agrupadas en la plataforma Dominicanos x Derechos (DxD) señalaron que a más de una década de la sentencia TC/0168/13 el Estado no ha hecho nada para restablecer la nacionalidad a más de 130 mil personas que perdieron su derecho a esa condición.
Hicieron un llamado urgente al Estado dominicano para intensificar los esfuerzos tendentes a resolver la crisis de apatridia que afecta a miles de dominicanos de ascendencia haitiana que, lejos de solucionarse, ha creado un problema que ha adquirido un carácter transgeneracional.
Las organizaciones precisan que han dejado a miles de personas sin acceso a derechos fundamentales, como el de la educación, salud, trabajo e inclusión en planes sociales, entre otros. Aunque reconocen que la promulgación de la Ley 169-14 en 2014 representó un paso hacia la solución, dicen que su implementación ha sido inadecuada, dejando aún a esa cantidad de personas con sus documentos retenidos, a pesar de haber sido auditados por la Junta Central Electoral (JCE) en el 2015.
Esta cifra, señalan, refleja la gravedad del problema, especialmente para aquellos de ascendencia haitiana, quienes enfrentan barreras administrativas, discriminación y exclusión.
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Advirtieron, además, que el ciclo de apatridia amenaza con extenderse a las generaciones futuras, por lo que es un mal que se multiplica en República Dominicana.
Lamentaron que ninguna de las 7,159 personas que aplicaron a la Ley 169-14 ha logrado la naturalización, independientemente de los dos decretos presidenciales promulgados.
Un primer decreto fue emitido por el expresidente Danilo Medina y un segundo por el presidente Luis Abinader, quienes procuraron un proceso expedito para 799 personas de ese grupo, al haber completado el proceso.
“Estamos ante una nueva generación que nació y crece sin acceso a derechos, aumentando así el número de personas apátridas en el país”, afirmó la entidad DxD en un comunicado.
En ese orden, según datos de la Dirección General de Migración (DGM) de República dominicana, en el primer semestre del año se deportó del país a 67,844 extranjeros.
Pero lo más grave es que muchas personas que no pueden acreditar su nacionalidad dominicana son confundidas con migrantes haitianos, con consecuentes vulneraciones de sus derechos como personas dominicanas.
Frente a todo esto, las organizaciones exigieron una implementación robusta de la Ley 169-14, que sea fortalecida para cumplir su propósito original de restitución de la nacionalidad y disfrute pleno de sus derechos de las personas afectadas por la Sentencia del Tribunal Constitucional 168/13. “En el décimo primer aniversario de la Sentencia TC/0168/13, reiteramos nuestro llamado al Estado dominicano para acelerar la implementación efectiva de la Ley 169-14, agilizando los procesos de documentación y naturalización”, expone.
De igual modo, piden que cesen las detenciones arbitrarias y las deportaciones sin el debido proceso, garantizando el respeto de los derechos humanos y así evitar posibles expulsiones de personas nacidas en RD.
Instó a implementar un proceso accesible y eficaz para que todas las personas despojadas de su nacionalidad puedan recuperarla.
Asimismo, que garantice el pleno goce de los derechos humanos para todas las personas afectadas, sin discriminación por origen. De la misma manera, proteger y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes sin discriminación.
“Es urgente que el Estado dominicano asuma su responsabilidad de proteger los derechos de todas las personas que habitan en su territorio. No podemos permitir que esta crisis siga creciendo”, subrayó.
Recordaron que Dominicanos por DxD sigue comprometido con una solución justa y duradera para desnacionalizados.