El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reiteró ayer su posición en cuanto a que se respete el debido proceso en relación a los ex funcionarios públicos y miembros de esa organización política imputados por casos de corrupción.

El profesor Lidio Cadet, miembro del Comité Político y coordinador de la Comisión de Formación en Valores del PLD, considera que el sistema de justicia tiene la responsabilidad de hacer cualquier investigación que implique imputación siguiendo y respetando el debido proceso.

“El que sea inocente que sea declarado inocente, y el culpable, después de una sentencia que adquiera la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, que sea entonces declarado culpable”, sostuvo Cadet al responder preguntas de los periodistas.

Estima que el PLD no resulta afectado porque alguno de sus miembros sean imputados por tal o cual acusación y que la organización hace lo correcto en cuanto a no emitir juicios sobre el proceso que se le sigue a algunos exfuncionarios y miembros del partido, hasta tanto no haya una sentencia con la cosa de lo irrevocablemente juzgado.

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“Para eso tenemos la justicia, ella sí debe revestirse de la verdad, no lo que diga Lidio, sino buscar la verdad”, consideró el dirigente del partido opositor.

Al preguntársele si confiaba en la justicia dominicana, Cadet respondió que esa es la que existe en el país, por lo que pidió a Dios que la ilumine para que haga las cosas conforme a la verdad.

Moral de hermano

De su lado, la exsenadora de la provincia Santo Domingo, Cristina Lizardo, defendió la inocencia de su hermano, Simón Lizardo, otrora administrador del Banco de Reservas durante la gestión del expresidente Danilo Medina, y quien es señalado por el Ministerio Público como miembro de una supuesta red que habría estafado y desfalcado al Estado dominicano, y que operaba desde el Ministerio de Hacienda.

La integrante del Comité Político del PLD dijo que “no está de acuerdo con que se dañe la moral de nadie” por lo que esperará los resultados de la investigación que lleva a cabo la Procuraduría Especializada Contra la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la decisión de la justicia dominicana en cualquiera que sea el caso.