Ampliar los canales y espacios para la mediación como forma de solucionar conflictos sin llegar a juicio es una de las prioridades en que se concentra este año el Poder Judicial dominicano, con el objetivo de descongestionar los tribunales y facilitar el acceso a la justicia acercándose a las personas.

Al participar en la presentación de las prioridades para el 2023, Rosa Iris Linares Tavárez, directora de Justicia Inclusiva del Poder Judicial, sostuvo que ese poder del Estado prioriza los mecanismos alternos para la solución de conflictos, incentivando la voluntad de las partes y colocando al juez/a como conciliador (a), apoyándose en un Reglamento General de Métodos no Adversariales y una Guía de Derivación de Casos.

“El programa considera la implementación de las salidas alternas previstas para la materia penal, sobre todo en las etapas iniciales del proceso, de cara a que los mismos puedan ser resueltos y conocidos en el menor tiempo posible”, indicó.

En materia penal en la República Dominicana, de todos los casos que llegan a los tribunales el 87% va a juicio, y solo el 13% se soluciona por vías de la mediación, lo que satura el sistema de justicia.

En cambio, en los sistemas penales que logran exhibir mejores prácticas no más del 20% de los conflictos llegan a la etapa de juicio. En los Estados Unidos solo el 10% va a litigio y en España el 30%, mientras que el resto se resuelven por vías alternas.

“Debemos potenciar las vías alternas para pasar del 13 % que hoy se resuelve sin llegar a juicio, a la solución del 80 % de los casos en la etapa de la instrucción. Para lograrlo, actualmente se encuentra en consulta pública un reglamento de resolución alternativa de conflictos. Es un gran reto que nos compromete a todos los actores del sistema”, expresó recientemente el presidente de la Suprema Corte de Justicia, magistrado Luis Henry Molina Peña.

Se tiene previsto que la implementación de esas medidas impacte, además de lo penal, en las materias civil, comercial y familia, contencioso, tributario y administrativo, laboral e inmobiliaria. 

Las estadísticas de 2022 muestran que 3,948 casos fueron resueltos por vía de la mediación entre las partes en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Valverde, Duarte, La Vega, Santiago, San Francisco y Espaillat.

En esta primera etapa el Poder Judicial trabaja para que el 25 por ciento de los casos que ingresen a los tribunales sean derivados y resueltos en la mediación, así como en la capacitación de 2000 personas como jueces, juezas, servidores (as) judiciales, comunidad jurídica y la instalación de otros centros de mediación.