Mientras la cacareada reforma de la Policía Nacional parece haber entrado en estado de hibernación, como si la hubieran puesto en pausa porque perdió relevancia en la agenda del Gobierno del Cambio, las malas noticias sobre el comportamiento de sus miembros siguen provocando alarma y preocupación en la ciudadanía, pues no se supone que aquellos servidores públicos a los que pagamos para que protejan nuestras vidas, bienes y propiedades se pasen al bando del enemigo y haya que cuidarse más de ellos y sus tropelías que de los propios delincuentes y criminales.

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Ayer la fiscalía de Hato Mayor, con el apoyo de la Unidad Antisecuestro de la Procuraduría General de la República, presentó acusación formal contra los miembros de una red criminal a la que acusa de secuestro, extorsión, usurpación de funciones y porte ilegal de armas de fuego, que dirigían dos miembros del llamado cuerpo del orden. Según el expediente acusatorio la red criminal tenía su base de operaciones en Santo Domingo Este, pero extendían sus tentáculos por todo el país. Sus miembros fueron apresados luego de que se presentaron disfrazados de agentes de la DNCD a la residencia del señor Luis Maldonado López en el municipio de Sabana de la Mar, en Hato Mayor, donde fingieron un allanamiento buscando drogas y se llevaron secuestrado al dueño de casa, pero cuando regresaban a Santo Domingo fueron interceptados y apresados en plena flagrancia.

Eso por lo menos garantiza que habrá suficientes pruebas para condenarlos y que paguen por los delitos cometidos; pero eso no basta, simple y sencillamente porque un solo agente que traicione su uniforme delinquiendo es demasiado. Por eso es pertinente preguntarse, cada vez que un agente policial cruza los límites que no debió cruzar nunca, en qué está la reforma profunda y verdadera con la que este gobierno echó a volar la esperanza de que por fin tendríamos la Policía que la sociedad dominicana necesita y merece.