Según un estudio realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre los intercambios de disparos, que los organismos internacionales prefieren llamar ejecuciones extrajudiciales, entre el 2008 y el 2010, siendo jefe de la Policía el general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, murieron 1,300 ciudadanos, la mayor cantidad de la que se tenga registro en una gestión policial.

El segundo lugar en esa siniestra lista lo ocupa el general Pedro de Jesús Candelier con 520 muertos, lo que estoy seguro no sorprende a nadie que conozca su bien ganada reputación.

¿Por qué traigo a colación esos datos? Porque ayer el expresidente Leonel Fernández, quien ocupaba la Presidencia de la República durante la gestión de ambos personajes, criticó las muertes a manos de la Policía de tres jóvenes luego de ser apresados, sumándose a la indignación y el rechazo que han provocado en la sociedad dominicana.

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Y aunque algunos puedan argumentar, como ya lo han hecho, que no tiene “calidad moral” para hacer esas críticas, está en todo su derecho como político y como ciudadano, como también lo están aquellos que, con las estadísticas en las manos, nos están recordando que en materia de brutalidad policial los gobiernos del doctor Fernández y el PLD se llevan por mucho las palmas.

Lo que también pone en evidencia que con su dejar hacer dejar pasar dio su aquiescencia a esa brutalidad policial institucionalizada, que además de llenar de cruces los cementerios condenó a la invalidez a cientos de jóvenes víctimas de la metodología (le disparaban en las piernas) para combatir la delincuencia que patentizó El Cirujano.

Desde luego, una cosa no justifica la otra pero sí nos ayuda a entender porqué el expresidente Fernández, aunque no tenga “calidad moral”, critica la muerte de esos jóvenes: hace rato descubrió que el oportunismo es un arma tan efectiva para llegar al poder, como la capacidad de creerse sus propias mentiras que hace tan convincente al demagogo.