En lugar de defender la honradez, pulcritud y transparencia conque manejaron los recursos públicos los exfuncionarios de su gobierno imputados en el caso Calamar, el PLD y su dirigencia, con el expresidente Danilo Medina a la cabeza, escogen salirse por la tangente acusando al Gobierno de utilizar a la Procuraduría General de la República como “brazo político” para perseguirlos judicialmente.

Pero alegar persecución política es la peor defensa que podrían asumir frente a una sociedad que luego de conocer los detalles de otros casos de corrupción como Antipulpo, Medusa, Coral, Coral 5G y ahora Calamar ya está curada de espantos, pero también convencida de que en materia de corrupción en los gobiernos de Danilo Medina los peledeístas cruzaron todos los límites y rompieron todos los récords. Es por eso que insistir en esa línea de defensa constituye un error que solo se justifica ante la ausencia total de argumentos para defenderse de las acusaciones del Ministerio Público, que ha robustecido sus expedientes con las colaboraciones premiadas de algunos de los imputados, como también lo es tirarse a las calles a protestar por los apresamientos, lo que no pueden ver bien quienes en el 2020 votaron mayoritariamente por los que prometieron perseguir y sancionar la corrupción peledeísta y la impunidad que nos estrujaban en la cara.

Puede leer: La campaña más cara

Por eso se complacen de que gracias al Ministerio Público independiente que dirige Miriam Germán ya están siendo procesados por corrupción exfuncionarios de los gobiernos de Medina, en su mayoría políticos que creyeron, porque la impunidad era la norma, que nunca caerían presos por meter la mano donde no debían. Que se hayan equivocado no los convierte en presos políticos, pero sí en políticos presos por estar acusados de cometer varios delitos.

Que no es lo mismo ni es igual, aunque el PLD, en su afán por eludir una acusación que lo persigue como la sombra al cuerpo, quiere que confundamos una cosa con la otra.