MARCIAL FÉLIZ
Todos los que estamos inmersos en el área educativa, y los que no, hemos coincidido en que el motor para impulsar el desarrollo de cualquier sociedad es la educación. Y parajustificar este hecho se han escrito múltiples artículos, se han citado ejemplos y repetidas experiencias de otros países que han logrado avanzar gracias a una educación de calidad.

Sin embargo, nosotros nos hemos quedado en eso, en retórica, en discursos vacíos como si los mismos constituyeran algún aporte práctico para hacer valer los conceptos y convertirlos en realidades en pos de una efectiva educación.

El Presidente de la República, la secretaria de Educación, los empresarios, todos han expresado en algún momento la necesidad de que tengamos una educación de calidad “para poder competir”.

Otros se han encargado de buscar las causas del problema atendiendo a múltiples factores: falta de políticas educativas claras, programas inadecuados a nuestra realidad, incapacidad de los maestros y las injustas tarifas de pago, y muchos argumentos más. Todo esto puede ser cierto, aunque el análisis de la realidad educativa dominicana, en este momento, arroja ciertos aspectos positivos como la cobertura en la educación básica e inicial y los programas de capacitación de los maestros.

No obstante, este último aspecto no parece fundamental en la planificación del rumbo de la educación dominicana, es cierto que hay más maestros egresados de las distintas escuelas de Pedagogía de las universidades y de buenos cursos de capacitación, pero quién da seguimiento a la aplicación de esos conocimientos, a la ejecución de los programas, a que los objetivos propuestos se logren.

Todo el mundo sabe que no hay una efectiva supervisión escolar, con técnicos formados en cada área.

Por el contrario, estos son miembros del partido de turno en el poder, el que los coloca allí sin ninguna depuración, verbigracia, la cantidad de maestros pensionados cansados que, en el gobierno pasado y en éste trajeron para esas labores, lo que ha hecho un flaco servicio al sistema educativo.

De ahí que la participación de la política partidista en las escuelas ha sido determinante en el desastre en que se encuentra la educación de hoy, que también es propio de la falta de autoridad en todos los órdenes.

Los maestros responden a líneas sindicales y partidarias, lo que les da patente de corzo para hacer y deshacer sin que intervenga una dirección, la que también pertenece al partido.

Un director que por razones políticas no puede actuar, sino que muchas veces, también, no posee la capacidad ni el carácter necesario para hacer valer el llamado de atención.

A la luz de esa realidad, es necesario incluir ese aspecto en el debate, el cual no se ha tocado, sin razón aparente.

El asunto es serio, no basta con que los maestros estén capacitados, que ganen el más alto salario, si no hay un efectivo seguimiento y una autoridad que imprima respeto, fuera de la influencia política. Se hace urgente replantear el esquema educativo del país. La Secretaría de Educación no debe ser la fuente del clientelismo político, allí hay más médicos que en Salud Pública, más abogados que en la judicatura, y periodistas por montones.

Además, lejos devivir allí un ambiente pedagógico-administrativo parece un partido donde se dirimen las aspiraciones y donde cada quien lucha por conseguir lo suyo. Los resultados en términos de calidad, eficiencia y equidad de la educación dominicana están entre los peores de todos los países de América Latina, y frente a esa realidad es imposible dar respuestas confiables a un mundo globalizado con múltiples demandas.

La pobre educación es la responsable de muchos males que padecemos: la falta de institucionalización de la sociedad y el creciente deterioro del orden cívico y moral que vive el país, con sus consecuencias en la corrupción, la delincuencia y la criminalidad. Pero lo más importante, para encarar esa situación, debe ser el compromiso y la cooperación entre las instituciones que tienen que ver con la educación dominicana: La Secretaría de Educación, la Asociación Dominicana de Profesores y el sector privado. Este último debería dirigir la cartera educativa, para así sacar la política de las escuelas, implementar la autoridad y rescatar los valores más sanos para el bienestar de la sociedad.