¿Por qué se esperó tanto para actuar, si se trata de una obra que inició INAPA en el 2018? Fue la primera pregunta que me hice cuando me enteré de que la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales ordenó paralizar los trabajos de construcción del Acueducto Múltiple de Estebanía-Las Charcas, en la provincia de Azua, debido a que se levanta en terrenos pertenecientes a un parque nacional. Pero esa pregunta me llevó a otra, no menos importante: ¿Por qué se le dio continuidad en esas condiciones?

El académico y ecologista Luis Carvajal, quien hizo un descenso al lugar de los hechos acompañado de técnicos de la Academia de Ciencias, calificó la obra como una chapucería que se levanta sin estudios ambientales ni hidrométricos, y en un lugar –asegura– donde no hay agua suficiente para alimentar a un acueducto de ese tamaño.

“Sin estudios ambientales ni hidrométricos, sin permisos y, sobre todo, sin escrúpulos, esa intervención en el río Grande, dentro del parque Francisco Alberto Caamaño, es un delito grave que merece y necesita ser castigado”.

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Y así debería ser, amigo Carvajal, pero habría que sancionar a quien inició la obra en el pasado gobierno, que no podía ignorar que violaba la ley, como a quienes le dieron continuidad en la presente administración, que podrán alegar cualquier cosa menos que desconocían la condición de área protegida del lugar escogido para construir ese acueducto.

No parece, sin embargo, que eso vaya a ocurrir, pues ayer leí que el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, declaró que esa institución y el Inapa están dispuestos a buscar soluciones (¿?) para disminuir el impacto ambiental que pueda ocasionar la obra, que ya secó el cauce de Río Grande.

Lo que en buen dominicano se llama buscarle un bajadero a la situación, lo que a veces significa, y ojalá no sea este el caso, encontrar una solución creando un nuevo problema mucho mas difícil y complicado de resolver.