La monotonía del caso Odebrecht podría romperse a principios de año con la inclusión de otros exfuncionarios en el expediente por sobornos y sobrevaluación de obras; y el sometimiento de algunos miembros de la Cámara de Cuentas por supuesta obstrucción de justicia.

Y es que las contradicciones en los informes de la investigación especial realizada en el Ministerio de Obras Públicas (MOPC), especialmente respecto a la fecha salida de campo de los auditores, “tiende a la nulidad de los trabajos de la experticia”, y “colocan en una situación en extremo vulnerable y delicada” al presidente de la CC Hugo Alvarez Pérez, según documentos a los que tuvo acceso Hoy.

Los interrogatorios que inició la procuraduría anticorrupción (Pepca) con Alvarez Pérez y otros miembros de la CC para determinar si hubo ocultamiento de irregularidades en la auditoría realizada a las obras contratadas por Obras Públicas con Odebrecht, continuarán el 6 de enero, justo el día de “los Santos Reyes”.

Un lío y no de ropa

Es lo que hay en la cámara con el informe de la investigación especial practicada a los proyectos de obras contratados por Obras Públicas entre el 7 de marzo del 2002 y el 14 de abril del 2014, del cual hay seis versiones. Cinco de ellos indican que los técnicos salieron del campo en octubre del 2019; y uno, que fue el 25 de agosto del 2020.

Esas contradicciones habrían impedido a la Dirección Jurídica de la cámara realizar sus trabajos, por tratarse de una violación de orden público y cumplimiento obligatorio para los auditores gubernamentales, “que afectaría todo el proceso de la investigación y los plazos para el ejercicio de réplica de los funcionarios y demás actores de los proceso”.

Debido a eso, el Pleno de la CC decidió remitir la cuarta versión del informe de marras a la Dirección de Auditoría con una serie de recomendaciones, para que lo analice, corrija y lo reenvíe de nuevo a Jurídica.

Sin embargo, Auditoría solo corrigió lo referente a la fecha de salida del campo de los auditores, consignando como “real” la del 25 de agosto del 2020.

“No se expresa sobre las causas que determinaron la presunción de legalidad contenidas en su cuarto informe” que son contrarias al contenido del segundo; ni del porqué “de las situaciones eximentes de responsabilidad en beneficio de los funcionarios públicos actuantes sin que se hayan suscitados situaciones que las determinen”, observó Jurídica, y devolvió el informe a Auditoría, pero por otras razones.

La devolución esta vez fue porque Auditoría la tramitó a través de dos formatos distintos: uno físico, con visos de legalidad, y el otro digital a través del Sistema de Información Gubernamental (SIGOB) “mediante comunicación en formato elaboración, sin código, sin fecha y sin la firma del director de Auditoría”, lo que de acuerdo con Jurídica, lo invalidaba legalmente.

Cuando finalmente Auditoría regularizó la remisión del cuarto informe, Jurídica hizo la observación de que en ese momento se encontraba apoderada de dos (2) informes relativos a la investigación especial de que se trata, “que serían los informes quinto y sexto, en los cuales se evidencian diferencias en el contenido y conclusiones”.

Agregó que esas diferencias constituyen “una violación importante en la realización de los trabajos, y vulnera los principios relativos al debido proceso que debió ser observado por la Dirección de Auditoría en la realización de la experticia”.

Las violaciones. De acuerdo con el informe, producto de las “reingenierías de valor” aplicadas a las obras licitadas y contratadas, las mismas tuvieron modificaciones en el diseño previsto originalmente, mediante las suscripciones de “adendas y actas de acuerdo, impactando las modificaciones sobre los pagos originalmente acordados”.

Las adendas fueron nueve, por un monto ascendente a US$680,623,826, y correspondieron a los contratos para las carreteras Bávaro-Sabana de la Mar, Bávaro-Uvero Alto-Miches-Sabana de la Mar; la terminal portuaria Sabana de la Mar, el Corredor Duarte, Carretera Cibao-Sur y la Ecovía Santiago.

Por todas esas y otras “violaciones, omisiones”, falta de cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás normativas que regulan la fiscalización externa del Estado realizada a través de la CC, la Dirección Jurídica dice que procede declarar la “nulidad” de los trabajos relativos a la investigación de marras.

El Pleno de la CC lo integran Hugo Alvarez Pérez quien lo preside, y los miembros titulares Margarita Melenciano, Pedro Ortiz Hernández, Carlos Noé Tejada y Félix Alvarez Rivera.

La directora Jurídica es Belkys María Pérez Peña, y el director de Auditoría Henry Batista Santana.

El secretario general auxiliar es Eduardo Luna Vilorio.

Las demás obras contratadas por Odebrecht a través del Ministerio de Obras Públicas y auditadas por la Cámara de Cuentas son la carretera Casabito, Autopista El Coral, Circunvalación La Romana, carretera del Río/Jarabacoa, Bulevar Turístico del Este y la Circunvalación San Pedro de Macorís-La Romana.