A mediados de la pasada semana varios periódicos nacionales, incluido Hoy, hicieron público el contenido de una carta dirigida a la Cámara de Cuentas por la jueza presidenta de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Isis Muñiz Almonte, en la que esta solicita al órgano de control la realización de una “auditoría exhaustiva” al Consejo del Poder Judicial (CPJ) debido al mal uso que a su entender le está dando a los recursos que recibe a través del Presupuesto Nacional.

En su carta la magistrada señala una serie de situaciones que califican como irregularidades, entre las que destaca un seguro médico internacional para los hijos mayores de edad, es decir adultos, de los 17 jueces de la Suprema Corte de Justicia, ya que considera ilegal que sumas importantes de su presupuesto se destinen a generar un beneficio directo a personas que no tienen ningún vínculo laboral con el Poder Judicial.

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La respuesta se produjo al día siguiente en un comunicado en el que el doctor Luis Henry Molina, su presidente, expresó que ese órgano siempre ha estado abierto al escrutinio público, revelando que desde el 2021 ha estado solicitando a la Cámara de Cuentas que lo audite sin obtener respuesta positiva, por lo que dijo estar sorprendido de la petición de la jueza Muñiz Almonte.

Hay que señalar, sin embargo, que con ese comunicado lo que hizo fue escabullirse por la tangente ya que en ninguna parte se refirió a las irregularidades denunciadas aunque solo fuera para negarlas, dejando la impresión de que los miembros de la Suprema Corte de Justicia son una casta cuyos privilegios se extienden más allá de lo razonable, pero sobre todo de lo que permite la ley. A juzgar por las reacciones de la opinión pública eso no le importó a nadie, como si fuera normal que gracias al dinero público unos pocos disfruten de lo que le está prohibido a la mayoría, pero tampoco le importa al órgano que debe garantizar su buen uso: la Cámara de Cuentas. ¡Qué paisote!