Procuradora instruye a MP calificar barbarie uso ácido

Procuradora instruye a MP calificar barbarie uso ácido

Disposición. Fiscales solicitarán pena máxima

La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, instruyó a todos los fiscales del país para que en los casos de agresión a personas con sustancias corrosivas, como la denominada “ácido del diablo”, otorguen al delito la calificación jurídica de acto de tortura o barbarie y soliciten contra los involucrados la pena máxima establecida en la ley.


“Se instruye que, al presentar acusación en los casos de agresión a una persona con sustancia corrosiva, se otorgue la calificación jurídica de acto de tortura o barbarie, tipificado en los artículos del 303 al 304 del Código Penal Dominicano, incluyendo todas las circunstancias agravantes que concurran, según fuera el caso”, destaca la instrucción dirigida a los miembros del Ministerio Público.


El Código Penal Dominicano establece penas desde los 10 años de prisión hasta 30 años en los casos de tortura o barbarie contra niños o adolescentes, contra personas vulnerables debido a su edad, a una enfermedad, invalidez, deficiencia o discapacidad física o psíquica, o a un estado de gravidez conocido por el autor del delito.


Germán Brito ordena solicitar la pena máxima aplicable, conforme la calificación jurídica otorgada a los hechos.


“Cualquier acuerdo con el imputado o solicitud de una pena menor deberá ser debidamente justificado por el fiscal actuante y autorizado por el superior inmediato, quien lo informará a la Dirección General de Persecución”, indicó.

En los casos de reincidencia, ordenó que se aporten elementos de prueba que acrediten esta circunstancia y que se pida la pena según la escala establecida en el artículo 56 del Código Penal Dominicano.


“Esta instrucción es de aplicación obligatoria, inmediata y general. Sin embargo, en aquellos casos excepcionales en que corresponda apartarse de lo aquí enunciado, o en los casos en que existan lagunas, se deberá solicitar la autorización previa al fiscal titular, quien, a su vez, deberá enviar un informe a la Dirección General de Persecución”, dice el texto.

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