Conocida la historia completa, y enviados a la cárcel, a cumplir un mes de prisión preventiva como medida de coerción, el zacateca y el chofer de la funeraria que transportó los cadáveres de lo seis neonatos al cementerio Cristo Salvador, desde las gradas puede afirmarse que el “protocolo” del hospital Ciudad Juan Bosch donde fallecieron se limitó –además del papeleo– a entregar sus restos en fundas plásticas, de las que se utilizan para la basura, a la funeraria contratada para ese servicio.

Por eso no debe sorprender que el Defensor del Pueblo anunciara ayer que inició una investigación para determinar si existen protocolos de manejo, de parte de las autoridades hospitalarias, para sepultar los cuerpos abandonados por sus deudos en los distintos centros de salud del país. La primera que será interrogada será la directora del hospital Ciudad Juan Bosch, la doctora Marileida Reyes, citación que ha sido motivada, según lo que explica en un comunicado la entidad, por indicios de falta de colaboración de su parte y el riesgo de que obstaculice el proceso de investigación.

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Lo que hace que de inmediato uno se pregunte el porqué de esa actitud y cuáles son esos “indicios”, pues se supone que cumplió cabalmente con el protocolo, como ha dicho ella misma y han repetido las autoridades de salud, por lo que no deben existir razones para ocultar nada y mucho menos para obstaculizar una investigación que, si quiere llegar hasta la verdad, no debe detenerse en los culpables favoritos.

Demasiado fácil fue mandar a trancar al zacateca, que por no ser empleado formal del ayuntamiento de Santo Domingo Oeste no debió formar parte del protocolo para recibir esos ni otros cadáveres, al igual que el chofer de la funeraria, que probablemente ese día hizo lo que siempre estaba acostumbrado a hacer. Solo que en esta ocasión el “jumo” que se dio el zacateca lo echó todo a perder, poniendo en evidencia la falta de humanidad y sensibilidad de parte de todos los involucrados en este triste y vergonzoso episodio.