Dice Eddy Olivares, abogado y exmiembro titular de la Junta Central Electoral (JCE), que desde el mismo momento que Charlie Mariotti, Secretario General del PLD, declaró abierta –hace ocho meses– la competencia por la candidatura presidencial de ese partido, estaba violando la ley, por lo que debió recibir de inmediato una llamada del órgano electoral ordenándole detener esas actividades ya que de conformidad con la Ley de Partidos los períodos de precampaña y campaña todavía no han comenzado.

Eso no se hizo, como tampoco dijo nada la JCE cuando empezaron a anunciarse y promoverse públicamente las precandidaturas, la última de ellas la de la exvicepresidenta Margarita Cedeño, que también violó la ley, exponiéndose a las sanciones que esta establece.

Esa precampaña interna extemporánea fue tomando cuerpo y provocando, como era la intención de los precandidatos, todo el ruido posible, hasta que la presión social obligó al Pleno a tomar la decisión que debió tomar ocho meses atrás: ordenar detener de inmediato esas actividades proselitistas.

Y lo hizo recordando, a modo de advertencia, que la Ley 33-18 de Partidos establece la inadmisibilidad de las candidaturas como penalidad por el inicio a destiempo de las precampañas y campañas.

Ahora resulta que tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo del expresidente Leonel Fernández, que nunca ha dejado de hacer proselitismo, rechazan que estén en campaña electoral, por lo que esa advertencia no aplica para ellos.
La pelota está ahora en la cancha de la JCE, que con esa reacción empieza a pasar la prueba de fuego que implica hacer valer la autoridad que le confiere la Constitución de la República.

Pero también le ofrece la oportunidad de demostrar que es una pieza fundamental, absolutamente necesaria, para garantizar la buena marcha de nuestra vida democrática, y no un monigote pintado en la pared al que los partidos políticos no le hacen caso ni respetan.