El tema de la deuda pública siempre será desafiante. Para los hacendistas, porque si el presupuesto de ingresos no cubre los gastos, acuden al financiamiento, los economistas, porque no la satanizan, mostrando preocupación cuando esta no tiene vocación de ser invertida en proyectos con retorno económico, los políticos, porque puede ser un punto para las críticas, el público, porque sabe o se imagina que ellos la pagaran con impuestos y los comunicadores, porque recogen casi todo lo que dicen los involucrados.

La deuda pública siempre será un pasivo para el que la toma, colocándolo en un deudor que debe honrar el compromiso, conforme a los términos de su contratación y que dependiendo de las posturas fiscales, principalmente, su utilización en términos saldos cada vez mayores, puede terminar siendo un verdadero peso sobre las finanzas públicas, a través de la carga fija que genera y que en algún momento se convierte en una fuente para reducir el espacio fiscal, limitando el accionar gubernamental para ejecutar programas y proyectos que requieren las comunidades y sectores económicos.

En la condición de país deudor y de permanentes déficits fiscales que fomentan aún más el saldo de la deuda pública, la economía dominicana muestra en la actualidad una preocupante posición, por los sacrificios que implica honrar el servicio de la deuda, el que para los años 2025 y 2026 supera los 7 mil y 10 mil millones de dólares, respectivamente, alimentado negativamente por déficits fiscales recurrentes y menos espacio fiscal.

Preocupa que en la política comunicacional gubernamental utilicen como medio de promoción que el indicador de la presión de la deuda ha bajado de 56.6 % en el 2020 a un 44.7 % en abril de 2024, cuando ellos son los primeros en saber que dos factores han contribuido a la reducción, el primero, la inflación que hace del PIB nominal en pesos sea más alto y, en segundo, la apreciación del peso frente al dólar en el mercado cambiario, favorecen un PIB mayor en dólares y naturalmente, repercutiendo en el resultado del referido indicador hacia la disminución, a pesar de que el saldo de la deuda ha aumentado. Recordemos que el punto de comparación es el año 2020, cuando el PIB en dólares tuvo una caída del orden de un 11.33 %, al pasar de US$ 88,906 millones a US$ 78,829 millones.

En la actualidad el saldo de la deuda del sector público no financiero es de US$ 55,201 millones, cuando en agosto de 2020 era de US$ 39,178 millones, lo que significa entonces que hoy la economía de la República Dominicana debe US$ 16,023 millones más que hace 3 años 7 meses.

Otra expresión de que la economía nacional hoy debe más, es el hecho de que el pago de intereses de la deuda es más elevado que cuando la actual gestión de gobierno asumió la administración pública; mientras en el 2020 era de un 16.6 %, en el 2024 es de un 21.0 % del gasto total.

Adicionalmente, si nos damos el permiso de asumir por un momento de que, si utilizamos todos los ingresos corrientes del gobierno central de un año para pagar la deuda pública, ¿cuál sería el nivel de cobertura de los ingresos? y, también, ¿cuál sería la presión de la deuda sobre el total de los ingresos corrientes?, esta posibilidad de utilizar todos los ingresos tendría serias implicaciones para la economía y el país, pues no habría fondos para las actividades vitales, como los servicios de salud, educación, seguridad nacional y ciudadana, protección social a los vulnerables, entre otros gastos.

Además, la ausencia de gasto público en áreas como la inversión en construcción de obras de infraestructura, tendría un impacto severo en la actividad económica, desacelerándola, por el freno que se le pondría al crecimiento económico, restándole por esa vía competitividad a la economía y generando inestabilidad macroeconómica, de manera que, la opción de utilizar todos los ingresos corrientes para el pago de la deuda pública seria desaconsejable.

De todas maneras, en el ejercicio hipotético de destinar todos los ingresos corrientes al pago de la deuda del gobierno central dominicano, las métricas que se pueden construir serian dos, la de la cobertura y la de la presión sobre los ingresos corrientes y sus resultados son como los que se leen en el cuadro, basado en los saldos de la deuda al final de cada año, como manera de apreciar su comportamiento y ver su tendencia.

Por el lado del indicador de cobertura de los ingresos corrientes, para el año 2012 era de 42.2 %, bajando en el 2019 a un 28.3 %, más tarde se recupera algo, en el 2021, al colocarse en un 30.5 %, para después situarse en un 32.7 % en el 2022 y en el 2023 en un 33.6 %, de manera que, los ingresos corrientes han perdido capacidad poder cubrir la deuda pública, representativo de perdida de solvencia en casi 9 puntos porcentuales en la última década.

En cuanto a la presión de la deuda del gobierno central sobre los ingresos corrientes, se puede observar un movimiento zigzagueante durante los años 2012 al 2023, sin embargo, de extremo a extremo, la deuda del sector público no financiero ejerce en la actualidad mayor peso que en el 2012, al pasar de 2.44 veces mayor a 3 veces mayor, constituyéndose en otra manera de poder examinar el estrés en el que están sometidas las finanzas públicas dominicanas.

El corolario de esta opinión, permite evidenciar que los ingresos corrientes del gobierno central son insuficientes para afrontar la creciente carrera de endeudamiento público que ha habido a lo largo de la última década y que debe ser motivo para prestarle suficiente atención.