El caso está siendo investigado por una comisión del Ministerio Público y las autoridades penitenciarias, como informó ayer Roberto Hernández Basilio, titular de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), quien dijo que solo resultó afectado un privado de libertad de 23 años, quien se encuentra recluido en un centro de salud de Moca, luego de participar en una competencia de consumo de sustancias ilícitas en el Centro Penitenciario de La Isleta de ese municipio. ¿Llegará esa comisión hasta la verdad verdadera, que no es otra que el desorden y la falta de control y vigilancia que allí imperan?

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La experiencia nos ha enseñado, desde los tiempos de Joaquín Balaguer, que esas comisiones sirven mas para encubrir y ocultar que para establecer culpas y señalar responsabilidades, pero estamos obligados a poner a un lado los prejuicios, por mas justificados que estén, y concederle a sus miembros el beneficio de la duda, y confiar que asumirán con seriedad la encomienda. ¿Cómo entraron esas drogas al recinto penitenciario? ¿Dónde estaban los responsables de la vigilancia de los privados de libertad que no se dieron cuenta de que delante de sus narices se celebraban “las olimpiadas de las drogas”, como las llamó el activista social mocano Juanchi Comprés? ¿Por qué en ese recinto no hay cámaras de vigilancia, que no son tan caras ni tan difíciles de instalar?

Son preguntas retóricas y, por lo mismo, no están obligados a responderlas ni siquiera los miembros de la comisión designada para investigar el caso, pero tampoco deben quedarse en el aire, a la espera de que algo así, o todavía peor, vuelva a repetirse en nuestras cárceles, que son muchísimas cosas menos lugares donde se trabaja para que los internos puedan reintegrarse a la sociedad como personas útiles y productivas. Mas bien ocurre lo contrario, y es por eso que a pesar de estar presos y bajo custodia policial y militar delincuentes y criminales continúan siendo una amenaza para nuestra seguridad.